Multados por hablar español

María Cobarrubias acaba de pagar una multa de 115 dólares por no tener rotulada en inglés su tienda de Norcross, un suburbio de Atlanta (Georgia) habitado mayoritariamente por hispanos. "Supermercado Jalisco", decía, en castellano, el letrero. Según Johnny Lawler, del Ayuntamiento de Norcross, es una flagrante violación de la ordenanza municipal que exige que todos los carteles estén en inglés, "para ayudar a la policía y los bomberos". Con la ayuda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Cobarrubias, nacida en Jalisco hace 36 años y residente legal en Norcross desde hace siete, p...

María Cobarrubias acaba de pagar una multa de 115 dólares por no tener rotulada en inglés su tienda de Norcross, un suburbio de Atlanta (Georgia) habitado mayoritariamente por hispanos. "Supermercado Jalisco", decía, en castellano, el letrero. Según Johnny Lawler, del Ayuntamiento de Norcross, es una flagrante violación de la ordenanza municipal que exige que todos los carteles estén en inglés, "para ayudar a la policía y los bomberos". Con la ayuda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Cobarrubias, nacida en Jalisco hace 36 años y residente legal en Norcross desde hace siete, piensa recurrir. "Todos, absolutamente todos mis clientes hablan español", dice. "No entiendo por qué quieren exterminar esa lengua en Georgia. Mis hijos hablan español e inglés sin problemas. Creo que los dos idiomas son muy importantes. La oportunidad de criar hijos bilingües es un regalo de los cielos".De igual opinión es Jaime Elizondo, propietario de La Mexicana, una tienda de alimentos en el mismo suburbio, que también ha tenido que pagar una multa por no anunciarse en inglés. Elizondo cuenta que cambió el rótulo y comenzó a perder clientes. "La gente no entraba, creía que era una tienda gringa con nombre mexicano, no se fiaba de que mis productos fueran auténticos".

Pero el Ayuntamiento de Norcross es insensible a esos argumentos. Como muchos otros a lo largo de EEUU, intenta poner puertas con ordenanzas de English Only al crecimiento del español como la segunda lingua franca del país. Un hecho que no tiene sólo una potente base demográfica -hay 30 millones de hispanos al norte del Río Grande-, sino también económica: su poder de compra es de 348.000 millones de dólares anuales, cinco veces más que a comienzos de esta década.

En la práctica, dice Ed Chen, experto en derechos lingüísticos de la ACLU de California, estas ordenanzas son más molestas para los latinos que las leyes de 22 Estados declarando el inglés como lengua oficial. "Las leyes estatales, algunas de las cuales como la de Arizona han sido declaradas anticonstitucionales, son simbólicas, pero la presión municipal afecta a la vida cotidiana de los latinos". En otro frente de la misma guerra, la Asociación de Chóferes de Vehículos Comerciales de Florida, apoyada también por la ACLU, ha presentado esta semana una demanda colectiva contra la aplicación en ese Estado de una ley federal de 1936 que obliga a todos los conductores de vehículos públicos a hablar inglés. "Muchos chóferes hispanos que no hablan bien inglés o tienen fuerte acento han sido multados en los últimos meses en Florida con cantidades superiores a las que se imponen por infringir otras normas de tráfico", dice el abogado Albert Quirantes, representante de los demandantes.

Muchos latinos, añade Chen, tienen problemas en el trabajo, por el mero hecho de sostener conversaciones personales en castellano con sus compañeros. "La ACLU de California acaba de enviar una carta de protesta a Ettore Products, una empresa de Oakland, que ha prohibido el uso del español. En un memorándum de la empresa a sus empleados se dice: "Hablar idiomas que no sean inglés en horas de trabajo crea problemas morales. No sólo es una distracción, sino un insulto. Una vez más pedimos que sólo hablen una lengua y que esa lengua sea ¡inglés!". Como ése, añade Chen, hay miles de casos en EEUU.