El Tribunal Supremo deniega una indemnización al general Galindo
El Tribunal Supremo ha rechazado que el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo tenga derecho a recibir 50 millones de pesetas de indemnización por vulneración de su derecho al honor en varias informaciones publicadas por el periódico Diario 16 a lo largo de los años 1990 y 1991. En esas informaciones, el general, procesado luego por otros hechos sobre la guerra sucia contra ETA, era relacionado con supuestos delitos de narcotráfico y enriquecimiento con inversiones bursátiles de dudosa procedencia. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Rodríguez Galindo para o...
El Tribunal Supremo ha rechazado que el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo tenga derecho a recibir 50 millones de pesetas de indemnización por vulneración de su derecho al honor en varias informaciones publicadas por el periódico Diario 16 a lo largo de los años 1990 y 1991. En esas informaciones, el general, procesado luego por otros hechos sobre la guerra sucia contra ETA, era relacionado con supuestos delitos de narcotráfico y enriquecimiento con inversiones bursátiles de dudosa procedencia. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de Rodríguez Galindo para obligar a los entonces periodistas de Diario 16 Ricardo Arqués Alvarez, José María Irujo Amatria y Juan Francisco Palomos Samper y a la editora del periódico madrileño a pagar la citada indemnización por un supuesto delito contra la intimidad del general de la Guardia Civil.
No se le mencionaba
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo señala que en la información que hacía referencia a responsabilidades en hechos de narcotráfico en los que se implica a funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, "no se menciona expresamente al señor Rodríguez Galindo, y tampoco existen bases para deducir su participación en los hechos". Además, subraya que respondía a temas "de relevancia pública e interés general" y fue redactada "con un propósito informativo, ajeno a cualesquiera incorrecciones".
Las informaciones a que hace referencia la sentencia del Supremo eran el producto de unos trabajos de investigación sobre la supuesta relación de miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado son reconocidos narcotraficantes que actuaban de forma regular en el País Vasco. Algunos funcionarios policiales llegaron a realizar denuncias públicas sobre las sospechosas actuaciones de algunos de sus compañeros con delincuentes comunes dedicados a la venta de drogas.