Tribuna:EL DEFENSOR DEL LECTOR

El negro que pasaba por allí

No andan los tiempos para ninguna broma a costa de expresiones racistas. Afortunadamente. A veces se extreman los cuidados, incluso de forma excesiva. El defensor ha sabido que recientemente se cambió el titular de una información que hacía referencia al África negra -una denominación puramente descriptiva- para escribir África subsahariana.

Pero hay ocasiones en que se cuelan de rondón expresiones inaceptables.

El 30 de diciembre pasado, la edición de Cataluña incluyó en sus páginas la información sobre una sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba a un policía nacion...

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No andan los tiempos para ninguna broma a costa de expresiones racistas. Afortunadamente. A veces se extreman los cuidados, incluso de forma excesiva. El defensor ha sabido que recientemente se cambió el titular de una información que hacía referencia al África negra -una denominación puramente descriptiva- para escribir África subsahariana.

Pero hay ocasiones en que se cuelan de rondón expresiones inaceptables.

El 30 de diciembre pasado, la edición de Cataluña incluyó en sus páginas la información sobre una sentencia de la Audiencia de Barcelona que condenaba a un policía nacional a ocho años de inhabilitación por detención ilegal.

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Todo empezó cuando unos jardineros trataron de ayudar a una mujer que se sintió indispuesta en la Gran Vía de Barcelona. En ese momento llegaron dos policía nacionales y uno de los agentes, sin más averiguaciones y sin atender las explicaciones de los muchos y estupefactos ciudadanos que se congregaron en el lugar, procedió a detener a varios y los trasladó a comisaría.

Pere Rios, autor de la información, quiso recoger todos los elementos del sorprendente cuadro y escribió que uno de los agentes "se dirigió a un negro que pasaba por allí para pedirle la documentación" y que, "al final, los dos jardineros e incluso el negro acabaron en la comisaría...".

Javier Yearson, periodista argentino, pregunta al defensor si, cuando se habla de "un negro" y "el negro", nos estamos refiriendo a un ser humano.

Inquiere si para el asunto del que se informa importaba el color de la persona, y él mismo concluye que es absolutamente indiferente, salvo si se hubiese probado que aquel ciudadano fue detenido por el hecho de ser negro.

Pere Rios, autor de la información, admite que, "a causa de esas dos expresiones, el lector se haya molestado y las considere racistas", pero añade que no era ésa su intención.

Rios agrega que la sentencia habla del "ciudadano de color" y que en otro momento declara como probado que uno de los policías "se limitó a comprobar la identificación del ciudadano de color y proceder a su detención".

Por ello concluye que "lo que motivó la detención de ese ciudadano fue su raza, ya que, siendo una de las muchas personas que había allí, se le detiene por ese motivo". En la información no se menciona este extremo y Rios termina con una disculpa explícita: "Es evidente que no supe reflejar esta circunstancia que justificaría el señalar especialmente a este ciudadano".

Sin entrar en mayores disquisiciones, y al margen de las expresiones de la sentencia, basta con recordar que el Libro de estilo de EL PAÍS, en la voz "negro", establece de forma tajante e inequívoca que "el hecho de que una persona sea de raza negra no debe citarse en las informaciones, a no ser que ello constituya un elemento fundamental de la noticia", y que nunca debe mencionarse que el protagonista de una información es negro "si ello no aporta un dato sin el cual perdería sentido la noticia o cambiaría radicalmente su significado". Parece claro que en esta ocasión no concurría ninguna de estas exigencias.

Al hilo de estas reflexiones sobre racismo, un suceso más reciente ha motivado alguna protesta porque en el editorial del pasado jueves se utilizaba la expresión "inmigrantes ilegales" para denunciar la falta de asistencia sanitaria que han padecido algunas de estas personas.

El dibujo de Forges de ese mismo día, con esta pancarta: "No se dice ilegales para referirse a los ciudadanos indocumentados", animó, sin duda, las protestas de los lectores que veían contradictorio el llamamiento forgiano y el editorial.

Al margen de los sentimientos humanitarios que estas personas despiertan, es evidente que se encuentran en situación de ilegalidad, de acuerdo con las normas de nuestro país, pero quizá pudo extremarse la atención para evitar herir susceptibilidades y hablar de "inmigrantes indocumentados".

Sin embargo, las informaciones sobre este mismo asunto, en un intento claro de evitar cualquier agravio, han decidido referirse a los "sin papeles", lo que resulta políticamente correcto, pero escasamente afortunado para el idioma. La traducción literal de la expresión francesa "sans papiers" se hubiese resuelto mejor con indocumentados.

¿Y del defensor...?

El profesor Lluís Fontbote pregunta, desde Ginebra, ¿quién nos defiende del defensor? Lo hace porque en la primera columna que firmó el nuevo titular, el pasado 24 de enero, se hacía referencia a la Organización de Nuevos Ombudsman. Organización inexistente, porque se trata de la Organization of News Ombudsmen (ONO); es decir, Organización de Ombudsman de Prensa. El recién llegado sólo conocía las siglas, manejó un extenso trabajo, en castellano, en el que repetidamente se ofrecía la peor traducción posible, sin mencionar la denominación completa en inglés, y se dejó arrastrar sin mayores precauciones. Claro que no se escribe esto como justificación, que no la tiene, sino como disculpa debida y como respuesta: del defensor pueden salvarse los lectores con su buen criterio al señalarle errores.

O pueden ayudarle con textos tan agudos como éste, del abogado Eduardo Cierco, desde Madrid, que no necesita una sola apostilla: "EL PAÍS, 29-I- 99, habla de "televisión digital terrenal". No estoy muy al tanto de los giros al uso en el mundillo audiovisual, pero tengo entendido (...) que el departamento que dirige Rafael Arias-Salgado es el de Fomento, y no el del Paraíso".

Los lectores pueden escribir al Defensor del Lector por carta o correo electrónico (defensor@elpais.es), o telefonearle al número 91 337 78 36.

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