Más que una chapuza

Si es cierto, como afirman algunos portavoces sindicales del Ayuntamiento de Madrid, que en el último año se han falsificado las firmas de unas 40.000 multas de circulación, estaríamos en presencia de algo mucho más grave que una simple chapuza administrativa. Nos enfrentaríamos a una gigantesca falsedad documental perseguible de oficio. La ley ordena que el mismo policía que firmó la denuncia la ratifique en el caso de que el automovilista recurra la sanción que se le impuso. Pero, por lo que parece, eran otros policías los que ponían su firma o garabateaban la de su compañero en la ratificac...

Si es cierto, como afirman algunos portavoces sindicales del Ayuntamiento de Madrid, que en el último año se han falsificado las firmas de unas 40.000 multas de circulación, estaríamos en presencia de algo mucho más grave que una simple chapuza administrativa. Nos enfrentaríamos a una gigantesca falsedad documental perseguible de oficio. La ley ordena que el mismo policía que firmó la denuncia la ratifique en el caso de que el automovilista recurra la sanción que se le impuso. Pero, por lo que parece, eran otros policías los que ponían su firma o garabateaban la de su compañero en la ratificación de la denuncia cuando el automovilista acudía al correspondiente departamento municipal para recurrirla.Tiene el Ayuntamiento madrileño una habilidad especial para fracasar en la gestión de las multas. Tuvo que renunciar a la privatización del cobro de las sanciones debido a supuestas irregularidades de la empresa adjudicataria. La falsificación de las firmas efectuada por los agentes, que son precisamente quienes más obligados están a cumplir escrupulosamente la ley, no puede excusarse ahora en la ausencia de mala fe o de beneficio directo para los falsificadores; ni tampoco en criterios de organización interna de la policía.

Resulta grotesco que la corporación que preside Álvarez Manzano haya insistido tanto en la aplicación de fórmulas cada vez más duras y alambicadas para cobrar las multas, incluyendo el embargo de cuentas corrientes, mientras se vigilaba tan poco el cumplimiento de los requisitos establecidos en la tramitación de los recursos. Aceptado oficialmente que las falsificaciones se han producido con carácter ciertamente general, este déficit de gestión debería tener consecuencias acordes con su gravedad. Por ejemplo, la dimisión del responsable municipal de Seguridad.