Querella contra el alcalde de Torremolinos por coacción, lesiones y prevaricación
El anterior secretario general del Ayuntamiento de Torremolinos, Antonio Pardal, presentó ayer una querella criminal contra el alcalde de ese municipio malagueño, el popular Pedro Fernández Montes, por presuntos delitos de lesiones, coacción, prevaricación y ocultación de documentos, según fuentes municipales. El querellante -que sufre una depresión grave atribuida en la demanda a las presiones recibidas desde la alcaldía- reclama 25 millones de indemnización porque a causa de la enfermedad, la Seguridad Social declaró su invalidez absoluta y su consiguiente jubilación. En caso de insolvencia...
El anterior secretario general del Ayuntamiento de Torremolinos, Antonio Pardal, presentó ayer una querella criminal contra el alcalde de ese municipio malagueño, el popular Pedro Fernández Montes, por presuntos delitos de lesiones, coacción, prevaricación y ocultación de documentos, según fuentes municipales. El querellante -que sufre una depresión grave atribuida en la demanda a las presiones recibidas desde la alcaldía- reclama 25 millones de indemnización porque a causa de la enfermedad, la Seguridad Social declaró su invalidez absoluta y su consiguiente jubilación. En caso de insolvencia, el demandante exige la responsabilidad civil subsidiaria del Ayuntamiento. El detonante fue la junta general de una empresa municipal celebrada hace casi un año. Según la querella, el alcalde negó documentación a la oposición y el secretario emitió un informe en el que advirtió del derecho legal que asistía a los concejales a acceder a esa información. Durante la junta, que al final fue suspendida, el secretario dijo que se había sentido coaccionado por la actitud del alcalde. Según la demanda, Fernández Montes pidió luego a Pardal, cuando ambos estaban a solas, que dejara su cargo. Días después, el alcalde por decreto le recortó las competencias del secretario e inició diligencias para incoarle un expediente disciplinario. Finalmente -siempre de acuerdo a la querella- el primer edil le requirió que no volviera más, pues de lo contrario lo suspendería de empleo y sueldo. El secretario, con 36 años de ejercicio, decidió pedir un mes de vacaciones. Nunca volvió a su puesto de trabajo porque cayó en una depresión. Según la querella, el alcalde habría cometido prevaricación al intentar que la sesión se celebrase pese a que disponía de un informe del secretario que advertía que su actuación sería ilegal porque la oposición no había accedido a la documentación.