El fiscal pide que se agreguen los 'papeles del Cesid' al 'caso Lasa-Zabala'

El fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso Lasa-Zabala ha solicitado a la Sala de lo Penal de este tribunal que los llamados papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA sustraídos por el ex coronel Juan Alberto Perote sean aportados a la causa con vistas al próximo juicio. En el escrito en el que confirma la conclusión del sumario y solicita la apertura del juicio oral contra los siete procesados, el fiscal pide que se incorporen testimonios de las sentencias condenatorias contra Perote.

"Por tener interés para el presente procedimiento, a los efectos de una adecuada v...

El fiscal de la Audiencia Nacional encargado del caso Lasa-Zabala ha solicitado a la Sala de lo Penal de este tribunal que los llamados papeles del Cesid sobre la guerra sucia contra ETA sustraídos por el ex coronel Juan Alberto Perote sean aportados a la causa con vistas al próximo juicio. En el escrito en el que confirma la conclusión del sumario y solicita la apertura del juicio oral contra los siete procesados, el fiscal pide que se incorporen testimonios de las sentencias condenatorias contra Perote.

"Por tener interés para el presente procedimiento, a los efectos de una adecuada valoración de los denominados documentos del Cesid (notas de despacho) se interesa que se incorporen testimonios" de la sentencia dictada por el Tribunal Militar Central el 9 de julio de 1997 y de la notificada por el Tribunal Supremo, confirmando la primera, el 30 de marzo de 1998, según el texto del fiscal.En esa fecha, el alto tribunal ratificó los siete años de cárcel que el Tribunal Militar impuso al ex jefe de Operaciones del Cesid Juan Alberto Perote por revelación de secretos o informaciones relativas a la seguridad y defensa nacional, en concreto 1.200 documentos microfilmados que sacó del centro en 1991 al ser destituido y relevado.

Tras descubrirse en 1992 que no se encontraban en el Cesid y que las notas fueron destruidas, Perote devolvió las microfichas. Las que se llevó contenían, entre otras cosas, doce documentos que fueron desclasificados por el Gobierno en abril de 1997 y cuyas transcripciones fueron incautadas en el registro practicado en 1996 en su celda de la prisión militar madrileña de Alcalá de Henares por orden del juez Baltasar Garzón. Entre esos documentos había un informe sobre actividades que habían venido desarrollándose en el sur de Francia desde 1984.

Por otra parte, el fiscal, en el escrito remitido el pasado día 7, dice que si bien las escuchas telefónicas practicadas durante la investigación del caso Lasa-Zabala observan todos los presupuestos de legalidad constitucional, cumplen sólo "parcialmente" los de legalidad ordinaria, ya que "no se ha cumplimentado la transcripción íntegra de las cintas en su mayoría".

El representante del ministerio público, sin embargo, asegura que esos defectos pueden ser subsanados con la audición de las cintas en el juicio oral si así lo solicita alguna de las partes personadas.

El fiscal no realizará en ningún caso esta petición, ya que afirma que "no va a hacer uso como medio de prueba de las observaciones telefónicas, gran parte de las mismas referentes a imputados no procesados".

En este sumario están procesados por el secuestro, torturas y asesinato en 1983 de los presuntos etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala el ex gobernador civil de Guipúzcoa Julen Elgorriaga, el general de la Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo y los agentes Ángel Vaquero, Felipe Bayo y Enrique Dorado Villalobos, así como, en calidad de encubridores, el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera y el abogado Jorge Argote.