La Fiscalía aprecia indicios de delito en la gestión de Bolín y pide la apertura de diligencias previas
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga ha pedido al juzgado decano de Torremolinos que abra diligencias previas contra el alcalde de Benalmádena, el indepediente Enrique Bolín, al apreciar que en su gestión desde 1995 existen indicios de presuntos delitos de alzamiento de bienes, malversación, prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. La Fiscalía ha tomado esta decisión tras estudiar los dos "informes-denuncia" presentados por el Partido Popular (PP) sobre actuaciones de Bolín, que ya han sido objeto de una comisión de investigación.
El informe remitido aye...
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Málaga ha pedido al juzgado decano de Torremolinos que abra diligencias previas contra el alcalde de Benalmádena, el indepediente Enrique Bolín, al apreciar que en su gestión desde 1995 existen indicios de presuntos delitos de alzamiento de bienes, malversación, prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio. La Fiscalía ha tomado esta decisión tras estudiar los dos "informes-denuncia" presentados por el Partido Popular (PP) sobre actuaciones de Bolín, que ya han sido objeto de una comisión de investigación.
El informe remitido ayer por la Fiscalía al juzgado decano de Torremolinos contiene cuatro apartados diferentes. En el primero se hace mención a un posible delito de alzamiento de bienes por la ocultación de la compra del usufructo de la vivienda donde Bolín tiene fijada su residencia habitual al empresario Sebastián Carretero, que a su vez se la adjudicó en subasta, por un importe de 10.920.387 pesetas. La escritura pública realizada ante notario el 2 de marzo de 1998 no fue inscrita y, según el fiscal, "es contradictoria" con el contrato por el que Sebastián Carretero cedió la vivienda "en calidad de precario". La compra la habría realizado Bolín aun cuando sobre su sueldo pesan embargos dictados por cuatro juzgados malagueños y por la tesorería general de la Seguridad Social por un importe total de 39.670.454 pesetas, por lo que el fiscal entiende que el alcalde podría haber ocultado el contrato de usufructo de su residencia en perjuicio de sus acreedores. La investigación solicitada por la Fiscalía deberá además esclarecer algunas de las licencias y recalificaciones urbanísticas realizadas por el equipo de gobierno que preside Bolín, en las que, según los casos, podrían existir delitos de malversación, prevaricación, cohecho, o contra la ordenación del territorio. Casi todas estas recalificaciones se refieren a la concesión de licencias con un volumen de edificabilidad superior a los establecidos en el Plan General de Ordenación Urbana. En la denuncia presentada por el PP, se relacionan como beneficiarios de estas modificaciones a empresarios ligados a Bolín y que incluso financiaron su campaña electoral. Algunas de estas licencias han sido concedidas por el alcalde a pesar de estar informadas negativamente por los técnicos municipales, como el caso del edificio Arenal 2.000, construido con una altura de cinco plantas para viviendas y uso comercial en una zona del puerto deportivo que el planeamiento reservaba para aparcamientos. Caso similar es el de las obras de ampliación del hotel Tritón, que motivaron además la apertura de un expediente por la Consejería de Obras Públicas y Transportes. El juez además deberá investigar otros dos casos de presunta malversación. El primero se refiere a las obras de construcción del nuevo edificio del ayuntamiento, que fueron adjudicadas a la constructora Yeregui en 261 millones de pesetas y, según la denuncia, "se produjeron adicionales por 310 millones de pesetas sin que existiera proyecto alguno". El negociado de contratación del Ayuntamiento llegó a certificar sobre esta ampliación que "no existe oferta pública y produce enriquecimiento injusto". Y el segundo se refiere a las facturas pagadas por concesiones municipales realizadas sin que existiera el preceptivo expediente de contratación y con "reparo de ilegalidad y advertencia de enriquecimiento injusto", según la Fiscalía. Estos pagos sumaron 832 millones de pesetas entre los años 1996, 1997 y 1998. Ocultación También aprecia la Fiscalía que la denegación de información a la oposición sobre las sociedades municipales "podría constituir delito contra el ejercicio de los derechos cívicos". Durante la comisión de investigación que trabajó en el Ayuntamiento de Benalmádena entre septiembre y diciembre pasados, Bolín se negó reiteradamente a que se analizaran las cuentas de estas empresas. Sobre una de ellas, Proyecto Olimpo, los denunciantes sostienen que no ha realizado actividad alguna pese a recibir "importantes" transferencias del Ayuntamiento y que contrata personal con "elevadas retribuciones sin oferta pública, sin convocatoria, y sin selección alguna". La Fiscalía en cambio no estima que existan indicios de delitos en la financiación del Grupo Independiente de Benalmádena, liderado por Bolín; ni en la no ejecución de sanciones contra un bar propiedad de Sebastián Carretero, arrendador del usufructo de la vivienda de Bolín.