La policía local desaloja durante un pleno a tres ediles de Algete
El alcalde de Algete (12.300 habitantes), Carlos Torquemada, ordenó a la policía local que desalojara del pleno municipal celebrado anteayer al concejal del PRIM, Nicolás Piñeiro, y a los ediles socialistas Jesús Pérez y Ángel Rodríguez "por no guardar el orden y por falta de dignidad después de no hacer caso a las continuas peticiones de silencio", según el alcalde. Aunque Piñeiro y Pérez salieron por su pie, la policía tuvo que cargar en vilo con Rodríguez porque éste se negó a levantarse de su silla.El detonante del altercado, que la oposición ha considerado vergonzoso, fue la negativa ...
El alcalde de Algete (12.300 habitantes), Carlos Torquemada, ordenó a la policía local que desalojara del pleno municipal celebrado anteayer al concejal del PRIM, Nicolás Piñeiro, y a los ediles socialistas Jesús Pérez y Ángel Rodríguez "por no guardar el orden y por falta de dignidad después de no hacer caso a las continuas peticiones de silencio", según el alcalde. Aunque Piñeiro y Pérez salieron por su pie, la policía tuvo que cargar en vilo con Rodríguez porque éste se negó a levantarse de su silla.El detonante del altercado, que la oposición ha considerado vergonzoso, fue la negativa del alcalde a leer las actas de las comisiones informativas y los 64 decretos que ha dictado el primer edil en lo que va de año, tal y como habían pedido los grupos de la oposición (PSOE, IU y PRIM) amparándose en la ley. Torquemada asegura, sin embargo, que la lectura de las actas no es obligatoria y que de los decretos "sólo se tiene que dar cuenta en los plenos, según la ley, pero no leerlos".
"Este señor está haciendo honor a su apellido, es un inquisidor y sus maneras son caciquiles, dictatoriales y fascistas. Nosotros somos respetuosos con el pueblo, que le ha dado la mayoría para que gobierne, pero lo que no vamos a permitir es que nos atropelle de una manera totalmente impresentable", comentó Ángel Rodríguez.
Los grupos de la oposición han criticado la aprobación durante el pleno de cinco plazas de funcionarios "dirigidas a personas afines al PP", la aprobación de las cuentas municipales de 1993, 1994 y 1995 "a pesar de las graves irregularidades que contienen y de que están denunciadas en los tribunales", y la firma de un convenio con el Canal de Isabel II por el cual los vecinos pagarán durante los próximos 10 años 15 pesetas más por metro cúbico para costear la remodelación de la red de agua del municipio. Además, ediles de la oposición han pedido al alcalde que abra un expediente al secretario municipal por llevar más de un año y medio sin entregarles las actas plenarias, algo a lo que ya se ha negado el regidor.