Las Cortes piden que la autovía Alicante-Cartagena sea gratuita
El pleno de las Cortes, en el segundo día de debate de los presupuestos de la Generalitat, acordó instar al Gobierno para que el tramo de la autovía entre Alicante y Cartagena correspondiente a territorio valenciano sea financiado por el Estado y esté libre de peaje. La iniciativa fue aprobada a pesar de la oposición del Partido Popular. Los populares intentaron salvar varias enmiendas aprobadas en comisión con el apoyo de los regionalistas mediante votos particulares, pero el pleno mantuvo las solicitudes al Gobierno sobre la transferencia de la A-7 a la Generalitat y el desdoblamiento con c...
El pleno de las Cortes, en el segundo día de debate de los presupuestos de la Generalitat, acordó instar al Gobierno para que el tramo de la autovía entre Alicante y Cartagena correspondiente a territorio valenciano sea financiado por el Estado y esté libre de peaje. La iniciativa fue aprobada a pesar de la oposición del Partido Popular. Los populares intentaron salvar varias enmiendas aprobadas en comisión con el apoyo de los regionalistas mediante votos particulares, pero el pleno mantuvo las solicitudes al Gobierno sobre la transferencia de la A-7 a la Generalitat y el desdoblamiento con carácter prioritario de las carreteras nacionales 332 y 340. En el ámbito de Obras Públicas hubo unanimidad en la petición al Ministerio de Fomento para que acelere las variantes de Almenara y Nules en la autovía entre Sagunto y Somport. El socialista Enrique Ayet denunció la escasa ejecución por parte del Consell de obras previstas por los anteriores responsables de la Generalitat. Rafael Maluenda, del PP, replicó que los socialistas exigen lo que fueron incapaces de ejecutar. En la sesión de la tarde, el debate se centró en las partidas correspondientes a Educación. Tanto Rosa Morte, por el PSPV, como María Ángeles Martínez, por Esquerra Unida-Els Verds, incidieron en la privatización de los recursos públicos y el desmantelamiento de la red de enseñanza pública a través de la política de conciertos con instituciones privadas. Ascensión Figueres, del PP, recordó que los conciertos fueron aprobados por Real Decreto en 1991, bajo administración socialista, y acusó a las portavoces de la oposición de practicar el catastrofismo.