Incautados en Málaga 2.200 kilos de chirlas inmaduras de procedencia italiana

La colaboración de la Junta y la Guardia Civil permitió intervenir ayer en Málaga 2.200 kilos de chirlas inmaduras, la mayor incautación de este molusco registrada en la comunidad autónoma. La Delegación de Agricultura y Pesca ya ha iniciado un expediente sancionador contra el importador alicantino que las introdujo en Andalucía, que se arriesga a una multa de hasta 10 millones de pesetas. Con esta actuación, el total de inmaduros decomisados a lo largo del año asciende a 18 toneladas. La partida fue interceptada sobre las tres la madrugada muy cerca del mercado mayorista de Málaga y tenía co...

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La colaboración de la Junta y la Guardia Civil permitió intervenir ayer en Málaga 2.200 kilos de chirlas inmaduras, la mayor incautación de este molusco registrada en la comunidad autónoma. La Delegación de Agricultura y Pesca ya ha iniciado un expediente sancionador contra el importador alicantino que las introdujo en Andalucía, que se arriesga a una multa de hasta 10 millones de pesetas. Con esta actuación, el total de inmaduros decomisados a lo largo del año asciende a 18 toneladas. La partida fue interceptada sobre las tres la madrugada muy cerca del mercado mayorista de Málaga y tenía como destino final la provincia de Sevilla. Los bivalvos, que procedían de Italia, no cumplían la talla mínima de 2,5 centímetros exigida para su comercialización. También ayer fueron decomisados 300 kilos de crías de boquerón en el puerto de Fuengirola y otros 30 kilos de chirlas procedentes de Sanlúcar de Barrameda. En los últimos meses, la Junta ha abierto expedientes sancionadores contra las cofradías de pescadores de Caleta de Vélez y Fuengirola y a la autoridad portuaria malagueña, por la venta en esas lonjas de alevines de pescado. Todos estos casos, están pendientes de las alegaciones de los sancionados. La Delegación de Agricultura y Pesca también ha aplicado una multa de 10 millones a los responsables de una red de comercialización de inmaduros desarticulada el verano pasado. La Administración está dispuesta a poner los hechos en conocimiento de la fiscalía cuando acabe la tramitación del expediente administrativo, por si constituyeran un delito ecológico.

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