Visto para sentencia el juicio por el ataque radical a Lipauto
El Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona dejó ayer visto para sentencia el juicio por el ataque radical registrado en marzo de 1996 contra un concesionario de la empresa automovilística Renault en Burlada (Navarra), del que están acusados ocho jóvenes. El atentado provocó la completa ruina del concesionario, que sufrió pérdidas por valor de 173 millones de pesetas, y dejó sin trabajo a sus 14 empleados. El fiscal pidió seis años de prisión (tres por un delito de desórdenes públicos y otros tantos por un delito agravado de daños) para cada uno de los cinco acusados que eran mayores de eda...
El Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona dejó ayer visto para sentencia el juicio por el ataque radical registrado en marzo de 1996 contra un concesionario de la empresa automovilística Renault en Burlada (Navarra), del que están acusados ocho jóvenes. El atentado provocó la completa ruina del concesionario, que sufrió pérdidas por valor de 173 millones de pesetas, y dejó sin trabajo a sus 14 empleados. El fiscal pidió seis años de prisión (tres por un delito de desórdenes públicos y otros tantos por un delito agravado de daños) para cada uno de los cinco acusados que eran mayores de edad en el momento de los hechos: Francisco Ruiz, Eduardo Piñero, Iker Ayesa, Koldo Goyena e Iñaki Arrastia. Para los tres que eran menores (Jorge Chocarro, Ibai Ayesa y Álvaro Piñero) solicitan penas de arresto y multas. Causa de nulidad La magistrada rechazó la causa de nulidad planteada por la defensa por la vulneración del derecho al juez natural y decidirá sobre la queja en la sentencia. El letrado de los imputados, José Miguel Gorostiza, aseguró que la inicial acusación de terrorismo motivó que el caso pasase a la Audiencia Nacional, lo que anuló su derecho constitucional al juez ordinario. La sentencia deberá decidir sobre las actuaciones instruidas por la Audiencia Nacional, concretamente varias declaraciones autoinculpatorias e incriminatorias de dos de los procesados, cuya nulidad pidió Gorostiza. El fiscal negó tal vulneración de derechos y recordó que la incomunicación de 72 horas no se prorrogó y que los acusados testificaron ante la Audiencia Nacional con el letrado que ellos designaron, pese a lo cual siguieron, en algunos casos, autoinculpándose e incriminando a personas que no habían sido detenidas. Los ocho procesados negaron su participación en la quema del concesionario, ocurrida la noche del 23 de marzo de 1996, y afirmaron que sus declaraciones incriminatorias fueron conseguidas bajo presiones y amenazas. Sin embargo, los policías que detuvieron a cuatro de ellos en las cercanías del lugar de los hechos reiteraron que huían en ese momento del concesionario y que entre sus ropas se hallaron pasamontañas y guantes con fuerte olor a gasolina utilizados en el atentado. También se hallaron tres proyectiles de calibre 9 milímetros parabellum, anagramas y propaganda de ETA y de la organización Jarrai en el domicilio de dos de ellos tras los registros policiales. Patxi Esparza, gerente de la empresa Unsain SA, accionista mayoritaria de Lipauto, confirmó la ruina en que quedó el negocio tras el ataque. De ser un importante concesionario de venta y reparación de vehículos con 14 empleados, quedó convertido en un pequeño taller que hoy en día ocupa a sólo tres personas. El resto de los operarios fue asumido por Unsain para otros talleres o se jubiló con indemnizaciones.