La Junta modifica la ley de Publicidad y asume la postura del Consejo Consultivo

El Consejo de Gobierno ha decidido recoger la recomendación del Consejo Consultivo (órgano de asesoría del Ejecutivo) y modificar la ley de Publicidad Institucional, que fue aprobada ayer y enviada al Parlamento. Aunque el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aseguró que no cambiaría el texto, ayer explicó que en "aras al consenso" ha estimado oportuno reformar la ley y limitar la prohibición de hacer campañas de logros y gestión sólo a las elecciones autónomicas y no al resto de los comicios, como planteó en un principio.

El Consejo Consultivo en su dictamen advertía que la J...

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El Consejo de Gobierno ha decidido recoger la recomendación del Consejo Consultivo (órgano de asesoría del Ejecutivo) y modificar la ley de Publicidad Institucional, que fue aprobada ayer y enviada al Parlamento. Aunque el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, aseguró que no cambiaría el texto, ayer explicó que en "aras al consenso" ha estimado oportuno reformar la ley y limitar la prohibición de hacer campañas de logros y gestión sólo a las elecciones autónomicas y no al resto de los comicios, como planteó en un principio.

El Consejo Consultivo en su dictamen advertía que la Junta incurriría en "exceso competencial" si las restricciones de las campañas denominadas de "autobombo" se extendían también a procesos electorales ajenos a la Junta, es decir, a los comicios generales, municipales y europeos. Aunque en un principio Zarrías dijo que respetaba el planteamiento jurídico pero no lo compartía, ayer el Consejo de Gobierno decidió limitar la prohibición al ámbito de las elecciones autonómicas, pero el precepto afecta a todas las administraciones. Como salida, el Gobierno regional propone al Parlamento que, a través de una iniciativa, inste al Ejecutivo central para que modifique la Ley Electoral General y aplique las mismas pautas. Si la Administración central no atiende esta petición, la Junta se plantea modificar la Ley Electoral Andaluza para impedir que el Gobierno central o las corporaciones locales puedan hacer campañas institucionales en Andalucía durante los comicios generales o municipales. La nueva normativa distingue entre las campañas de publicidad que prestan un servicio público, como ofertas de empleo o campañas sanitarias, de aquellas otras que explican la gestión política y refuerzan la imagen de las administraciones. Las primeras se podrán realizar en periodo electoral, mientras que las segundas, no.

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