La Junta prohibirá también al Gobierno y a los municipios la publicidad institucional en elecciones
"Si yo no puedo, tú tampoco". Este lema es el que parece presidir el anteproyecto de ley de Publicidad Institucional elaborado por el Gobierno andaluz que prohíbe a todas las administraciones, no sólo a la andaluza, sino también a la local y la central, la contratación de actividades publicitarias "cuyo objeto es informar (...) sobre los proyectos, las realizaciones o logros de la gestión pública" desde el día de la convocatoria de elecciones hasta el día de la votación (unos dos meses). Así consta en el texto elaborado por la Consejería de la Presidencia que será aprobado a primeros de noviem...
"Si yo no puedo, tú tampoco". Este lema es el que parece presidir el anteproyecto de ley de Publicidad Institucional elaborado por el Gobierno andaluz que prohíbe a todas las administraciones, no sólo a la andaluza, sino también a la local y la central, la contratación de actividades publicitarias "cuyo objeto es informar (...) sobre los proyectos, las realizaciones o logros de la gestión pública" desde el día de la convocatoria de elecciones hasta el día de la votación (unos dos meses). Así consta en el texto elaborado por la Consejería de la Presidencia que será aprobado a primeros de noviembre. Fuentes jurídicas cuestionaron el que el Ejecutivo andaluz pueda extender, dentro de sus competencias, esta limitación a los ámbitos local y estatal.
El anteproyecto de ley de Publicidad Institucional modifica una ley aprobada en la anterior legislatura, a la que los socialistas llaman la de la pinza, por la mayoría parlamentaria que formaban entonces populares, Izquierda Unida y Partido Andalucista. El texto aún en vigor impide a todos los organismos de la Junta de Andalucía "toda forma de comunicación dirigida a una pluralidad de destinatarios" en el periodo anteriormente descrito, lo que frenó en la última convocatoria electoral andaluza no sólo la emisión de campañas de propaganda de la Junta, sino también las administrativas (contrataciones públicas, adjudicaciones) y las informativas (campañas de vacunación). La normativa en proyecto distingue dos tipos de actividades publicitarias: en un grupo están las que tienen por finalidad "informar sobre disposiciones generales, actos y procedimientos administrativos, promover el ejercicio de derechos o el cumplimiento de deberes (...)". Y en el otro apartado figuran la de los "logros en la gestión pública", según afirma el documento. El proyecto de ley no pone ningún veto temporal de emisión para el primer grupo, sí para el segundo que "no podrá realizarse durante el periodo entre el día de publicación de la convocatoria de elecciones y el día de la votación". No obstante, lo llamativo del texto es que el Gobierno autonómico extiende esta limitación no sólo a la Administración de la Junta de Andalucía y las Administraciones locales, (ambas en el ámbito de aplicación de la ley) "así como los organismos, entidades de derecho público y sociedades mercantiles vinculadas o dependientes de aquéllas, que estén participadas mayoritariamente de forma directa o indirecta"; sino que en la disposición adicional única del proyecto amplía la prohibición "al resto de las Administraciones Públicas". El objetivo es que si la Junta no puede, por ejemplo, emitir en periodo electoral un campaña sobre el AVE, el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Málaga, tampoco. Dudas jurídicas Fuentes jurídicas consultadas han cuestionado la legalidad de la disposición ya que, según opinan, la Junta "extiende sus competencias fuera de sus límites naturales". En este sentido, otras fuentes aseguran que el Consejo Consultivo, el órgano de control de legalidad del Gobierno, aprecia esta observación en el dictamen remitido al Ejecutivo andaluz, aunque sus informes no son vinculantes. El consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, afirmó al respecto: "Es una ley que persigue la transparencia y el rigor para todas las administraciones y es un texto pionero en la regulación de una materia que se hizo desde el resentimiento, la chapuza y la hipocresía. Nosotros queremos una ley de mano tendida para todo el mundo". Zarrías, que comparecerá en la sesión de control del Parlamento del próximo jueves sobre este asunto, añadió que el Gobierno pretende que la ley sea aprobada "cuanto antes" para que entre en vigor en las elecciones municipales de junio de 1999. La ley de Publicidad Institucional actualmente en vigor tiene su origen en dos polémicas campañas emitidas por la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de 1994, que fueron recurridas por el Partido Popular. En ambos casos, la Junta Electoral Central dio la razón a las tesis de los populares y determinó que en el anuncio de la dirección general de Turismo Sólo en Andalucía, tanto en tan poco tiempo, difundido el día de la jornada de reflexión, influía en el voto de los ciudadanos. La resolución de la Junta Electoral Central fue ratificada en sentencia del 15 de diciembre de 1997 por el Tribunal Supremo.