Consejos y cajas
MANEL PÉREZ "Las cajas necesitan órganos de gobierno autónomos, independientes y dueños de sus decisiones". Esta frase del subgobernador del Banco de España, Miguel Martín, resume el pensamiento oficial de la institución responsable del sistema financiero sobre la responsabilidad que deben asumir los consejos de administración de las cajas de ahorros. Esta misma semana, el consejo de administración de la Caixa de Catalunya, tercera de España, usó esas facultades al relevar a su director general, Francesc Costabella. La operación ha sido el resultado de un complejo encaje. Primero, el preside...
MANEL PÉREZ "Las cajas necesitan órganos de gobierno autónomos, independientes y dueños de sus decisiones". Esta frase del subgobernador del Banco de España, Miguel Martín, resume el pensamiento oficial de la institución responsable del sistema financiero sobre la responsabilidad que deben asumir los consejos de administración de las cajas de ahorros. Esta misma semana, el consejo de administración de la Caixa de Catalunya, tercera de España, usó esas facultades al relevar a su director general, Francesc Costabella. La operación ha sido el resultado de un complejo encaje. Primero, el presidente de la entidad, Antoni Serra Ramoneda, debió comenzar a preocuparse por el día a día de la institución, rebasando los estrechos límites de la ley de cajas, que atribuye al presidente unos poderes muy limitados. Después debió buscarse el consenso de las dos instituciones públicas, Diputación de Barcelona y Generalitat, que sumaban la mayoría del consejo. Tampoco esto fue fácil, pues el Gobierno de Pujol creyó ver una operación para colocar a un nuevo ejecutivo afín a los socialistas y a un gobernador del Banco de España demasiado quisquilloso. Finalmente, el cambio no hubiera sido posible sin la existencia de una clara advertencia por parte del Banco de España, que puso de manifiesto que el equipo ejecutivo se mostró poco respetuoso de las competencias propias del consejo, que en algunas ocasiones no fue informado de detalles relevantes que afectaban a importantes operaciones. El mensaje del banco central era en realidad un recordatorio, no condicionante pero concreto, de que los consejos deben fiscalizar y están obligados a dar su parecer sobre lo que hacen los directivos. Aparentemente, el sistema de controles ha funcionado y los problemas no han ido a más. El consejo ha hecho valer su voluntad, de acuerdo con lo que marca la ley, aunque para ello haya tenido que invertir varios meses. Además, la nueva dirección cuenta con el apoyo del consejo, incluido el de los sindicatos, que cuentan con representación en el mismo, superando así la falta de armonía que presidió el último periodo. Pero, trascendiendo el caso concreto, la advertencia del Banco de España citada más arriba tiene contenido de futuro. El negocio bancario ha entrado de lleno en una fase de turbulencias estructurales, estrechamiento de márgenes, crisis financieras globales y competencia feroz, frente a la que hay más interrogantes que respuestas. Una coyuntura en la que los errores de cálculo pueden tener muy funestas consecuencias, especialmente para las entidades que no cuentan con una gran capacidad de resistencia. Y que acentuará dos tendencias complementarias y divergentes: mayor complejidad de la gestión y mayor importancia de las funciones de orientación y control. La primera fuerza en tensión, que alimenta la independencia de los ejecutivos, puede pasar como un huracán sobre los consejos de las cajas, poco tecnificados y con escasa práctica en el ejercicio de sus competencias. La segunda, debe incentivarse desde los propios consejos de las entidades de ahorro, que deben hacer valer las prerrogativas que les concede la ley. Su legitimidad se funda en el carácter de representantes indirectos de los impositores, los trabajadores y de la sociedad en general y no en sus buenas relaciones con los ejecutivos, que son quienes en ocasiones configuran de forma más o menos abierta la composición de los consejos. En el caso de Cataluña es difícil exagerar el papel de las cajas de ahorro, tanto en la vertiente financiera como en la social. La Administración catalana aprobó en 1985 la ley catalana de cajas, pero desde entonces no ha encarado ninguna discusión sobre la posible necesidad de proponer adaptaciones a los nuevos tiempos. A pesar de tener competencias de inspección, no las ejerce. Tan sólo se limita a pasar el platillo cuando tiene necesidades de fondos. Pero, si de verdad quiere convencer de que realmente se preocupa por asegurar el futuro de las cajas de ahorro como entidades de carácter social, debería proponer iniciativas legales que recojan los cambios producidos en el mundo financiero y permitan a los consejos estar a la altura de las nuevas circunstancias.