El Tribunal de Cuentas enviará de inmediato el expediente de la CEV al fiscal de Valencia
El Tribunal de Cuentas remitirá la próxima semana a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano el informe sobre la gestión irregular que hizo la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) de las subvenciones recibidas de la Fundación para la Formación Continua (Forcem) durante el periodo de 1993 a 1995. Las irregularidades apuntan directamente al entonces presidente de la CEV, José María Jiménez de Laiglesia, y a su secretario general, Luis Espinosa, ahora un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ninguno de ellos respondió ayer a las reiteradas llamadas de este periódi...
El Tribunal de Cuentas remitirá la próxima semana a la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano el informe sobre la gestión irregular que hizo la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) de las subvenciones recibidas de la Fundación para la Formación Continua (Forcem) durante el periodo de 1993 a 1995. Las irregularidades apuntan directamente al entonces presidente de la CEV, José María Jiménez de Laiglesia, y a su secretario general, Luis Espinosa, ahora un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores. Ninguno de ellos respondió ayer a las reiteradas llamadas de este periódico. El estudio de la CEV se incluye en un informe mucho más amplio del Tribunal de Cuentas, que ya ha sido remitido a las Cortes, donde la Comisión Mixta del Congreso-Senado analizará su contenido. El informe constata que las principales organizaciones empresariales y sindicales españolas gestionaron con "falta de rigor" un total de 116.643 millones de la Forcem (que subvenciona los cursos de reciclaje para los trabajadores) de 1993 a 1995. El tribunal asegura que nueve de las organizaciones fiscalizadas, entre las que destacan la CEV, CEOE y CEPYME, deberán devolver más de 400 millones por ayudas utilizadas indebidamente. Lista de irregularidades Las conclusiones de este organismo referidas a la CEV son especialmente graves. "Al encontrarnos ante la existencia de un presunto hecho delictivo, será conveniente que se proceda a la apertura de diligencias en la jurisdicción penal", recoge textualmente el documento en referencia a la patronal de Valencia. Entre las irregularidades detectadas, el tribunal considera que la CEV recaudó entre subvenciones públicas e ingresos adicionales (cobro ilegal de matrículas a los alumnos beneficiarios de los cursos) más dinero de lo que costaban los cursos que impartía. También hinchó los gastos de los centros beneficiarios de las subvenciones de la Forcem y sobrepasó la partida de gastos de difícil justificación. Además, según prosigue el informe, no existen justificantes de que los alumnos declarados por la CEV como beneficiarios de sus cursos asistieran a los mismos. Pero la actuación más grave cometida por esta patronal, que entonces presidía José María Jiménez de Laiglesia y dirigía el secretario general, Luis Espinosa, es que un mismo recibo fue utilizado para justificar las subvenciones recibidas de la Forcem, de la Generalitat y de ambas, pero en ejercicios posteriores. El tribunal abrirá ahora el proceso de enjuiciamiento a la CEV para recuperar los 191 millones de pesetas que considera injustificados por esta patronal. La decisión de la sección de enjuiciamiento del tribunal podrá ser recurrida por la CEV ante la Sala Tercera del citado organismo. El proceso penal seguirá un camino diferente. Una vez el Tribunal de Cuentas envíe sus conclusiones al fiscal jefe de Valencia, Enrique Beltrán. El traslado del expediente está previsto para la semana próxima. Los actuales responsables de la CEV reaccionaron ayer con sorpresa a la publicación del informe. El secretario general de la CEV, Pedro Coca, aseguró haberse enterado de la resolución del Tribunal de Cuentas "por los periódicos". Según Coca, el último contacto que la patronal mantuvo con el órgano fiscalizador fue el pasado mes de febrero cuando le enviaron las alegaciones al borrador del tribunal, donde ya se detallaban el grueso de irregularidades. "Cuando conozcamos el contenido del informe, podremos opinar. En todo caso", agregó Coca, "daremos la cara para resolver el problema". En última instancia, los responsables de aquella etapa no están ahora en la CEV, pero sí tendrán que responder de su gestión. Las responsabilidades podrían ampliarse al tesorero y contador, ya que, según los estatutos de la patronal, éstos también se consideran copartícipes de las decisiones de la Confederación. La patronal CEOE, a la que el Tribunal de Cuentas le pide la devolución de 124 millones de pesetas, restó importancia a las conclusiones del informe. El secretario general de la patronal CEOE, Juan Jiménez Aguilar, afirmó ayer que, de confirmarse las irregularidades detectadas en la Forcem, las desviaciones serían "mínimas".