Sevilla estrena la primera oficina andaluza de atención a las víctimas
Los juzgados de Sevilla inaugurarán el viernes la primera Oficina de Atención a las Víctimas de Andalucía, en la que dos abogadas, una psicóloga y una asistente social atenderán a quienes hayan sufrido cualquier acto de violencia, agresión sexual o maltrato doméstico. La oficina estará ubicada en el edificio de la Audiencia de Sevilla, junto al Juzgado de Guardia. Aunque aún no está operativo el local, ya ha sido atendida una mujer en un pleito por la custodia de sus hijos. La Junta prevé abrir una oficina similar en los próximos meses en Málaga, para extenderlo a continuación a las restan...
Los juzgados de Sevilla inaugurarán el viernes la primera Oficina de Atención a las Víctimas de Andalucía, en la que dos abogadas, una psicóloga y una asistente social atenderán a quienes hayan sufrido cualquier acto de violencia, agresión sexual o maltrato doméstico. La oficina estará ubicada en el edificio de la Audiencia de Sevilla, junto al Juzgado de Guardia. Aunque aún no está operativo el local, ya ha sido atendida una mujer en un pleito por la custodia de sus hijos. La Junta prevé abrir una oficina similar en los próximos meses en Málaga, para extenderlo a continuación a las restantes provincias andaluzas. La Oficina de Atención a las Víctimas ofrecerá asistencia gratuita a las víctimas y a sus familiares, y comprenderá tanto la ayuda nada más producirse la agresión como el seguimiento de los procesos judiciales, la ejecución de las sentencias y la restitución a las víctimas. El proyecto ha sido supervisado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, que ha impartido los cursos de formación y cuyos baremos han sido utilizados para la selección del personal. La oficina cuenta con dos despachos y se da la circunstancia de que las mamparas de dos metros de alto que separan las mesas son las que se utilizaron para ocultar a los menores que declararon en el juicio del caso Arny, tanto en la sala como en los pasillos. El servicio, según el proyecto, mantendrá un estrecho contacto con la red de recursos sociales públicos y privados, así como sanitarios, para que las víctimas estén atendidas continuamente. La experiencia ya funciona con éxito en Valencia, Barcelona y las tres capitales del País Vasco, por lo que la Junta pretende instaurarla antes del año 2000 en toda la región.