Benidorm legaliza la situación de 900 comercios sin licencia de apertura

Permanecieron en el lado oscuro de la ley durante lustros, pero la acción policial pudo con ellos. Alrededor de 900 comercios de Benidorm se han visto obligados a regularizar su situación ante la amenaza de tener que cerrar sus puertas. Se trata, del 45% de los locales que integran la oferta de la capital turística, que funcionaban sin licencia de apertura y que en los últimos cuatro años se han dado de alta para evitar el decreto de cierre redactado por el Ayuntamiento contra los rebeldes.

Una inspección ordenada por el Consistorio a principios de 1993 reveló que el número de negocios ...

Permanecieron en el lado oscuro de la ley durante lustros, pero la acción policial pudo con ellos. Alrededor de 900 comercios de Benidorm se han visto obligados a regularizar su situación ante la amenaza de tener que cerrar sus puertas. Se trata, del 45% de los locales que integran la oferta de la capital turística, que funcionaban sin licencia de apertura y que en los últimos cuatro años se han dado de alta para evitar el decreto de cierre redactado por el Ayuntamiento contra los rebeldes.

Una inspección ordenada por el Consistorio a principios de 1993 reveló que el número de negocios ilegales sobrepasaba los 900, sobre un total de 2.000. Su delito consistía en no haber solicitado la licencia de apertura. El peinado duró cerca de un año, y ahora se verifican controles periódicos por un equipo de cuatro inspectores fijos que han diseccionado la ciudad por zonas. Una de las primeras medidas que adoptó el PP tras llegar al poder local en 1991 fue la actualización del censo de comercios. Se sabía que muchos carecían de los permisos municipales exigibles. Según los datos oficiales aportados ayer por la concejala de Comercio, Josefa Pérez, en la actualidad la inmensa mayoría de los 900 establecimientos ilegales detectados en aquel peinado de 1993 tienen licencia de apertura. Únicamente 44 de ellos no disponen de autorización municipal por cuestiones relacionadas con violaciones de las normas urbanísticas locales. Los inspectores desarrollan ahora una labor más informativa que coercitiva. "Se informa a los propietarios de la obligatoriedad de tener licencia de apertura antes de iniciar los trámites de sanción y redactar la correspondiente acta, y sólo en caso de que se resistan y dilaten en el tiempo los trámites se les aplica una sanción del 20% de recargo sobre el recibo normal", explica la concejal Josefa Pérez. Los que después de ese paso se mantienen en sus trece, disponen de 15 días de audiencia para alegar antes de que la Policía Local clausure el negocio por la fuerza. Llegado ese caso, el empresario acaba por ceder y tramita la documentración para legalizar su negocio. Pérez reconoce que en muchos casos los propietarios son aconsejados por "pésimos" asesores que en la mayoría de los casos abusan de que se trata de un extranjero que desconoce la normativa española.