Los fiscales se niegan a ocupar plaza fuera de las grandes ciudades
La mayor parte de los 109 fiscales de la Comunidad Valenciana ha mostrado su rechazo a la territorialización del Ministerio Público que pretende impulsar el subsecretario de Justicia de la Generalitat, Eloy Velasco, que ha propuesto a los representantes de la acusación que se trasladen hasta varios juzgados alejados de las grandes ciudades -Alcoy, Gandia, Alzira o Vinaròs- para acelerar la resolución de casos en estas plazas.
La propuesta de Velasco es sencilla: los juzgados de estas localidades trabajan sin ningún fiscal, por lo que varios de estos funcionarios destinados en Alicante, ...
La mayor parte de los 109 fiscales de la Comunidad Valenciana ha mostrado su rechazo a la territorialización del Ministerio Público que pretende impulsar el subsecretario de Justicia de la Generalitat, Eloy Velasco, que ha propuesto a los representantes de la acusación que se trasladen hasta varios juzgados alejados de las grandes ciudades -Alcoy, Gandia, Alzira o Vinaròs- para acelerar la resolución de casos en estas plazas.
La propuesta de Velasco es sencilla: los juzgados de estas localidades trabajan sin ningún fiscal, por lo que varios de estos funcionarios destinados en Alicante, Valencia o Castellón deberían trasladar hasta allí su lugar de trabajo. Justicia pretende ganar rapidez en los dictámenes del ministerio público, cuya participación es básica para acelerar la resolución de muchos asuntos. Las juntas de jueces de dos localidades como Gandia y Alzira han apoyado la propuesta de Velasco, que considera la realización de esta iniciativa "como una de las asignaturas pendientes de la Administración valenciana". Los fiscales no son de la misma opinión. El Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Enrique Beltrán, es rotundo. "Mientras yo siga en este cargo, la territorialización de los fiscales no se realizará, está descartada". Los argumentos de Beltrán también son diáfanos: El estatuto que rige el funcionamiento del Ministerio Público le da una casi total autonomía en la gestión de sus recursos, y además, no se puede desplazar al fiscal que concursó y ganó una plaza determinado a un destino diferente en el que carece de la infraestructura necesaria para desempeñar su función. "El Ministerio de Justicia o la institución a la que corresponda debería sacar a concurso las plazas de fiscal que fueran necesarias y allá donde fueran necesarias, sea en Gandia, Vinaròs o Benidorm", asegura Beltrán. "Mientras -añade- nuestro sistema de trabajo será el mismo". Es decir, los representantes del Ministerio Público se desplazarán con cierta periodicidad y en función de las necesidades a los juzgados ajenos a su destino. Otro fracaso Velasco opina que esta actitud sólo va en detrimento de la calidad de la Administración de Justicia. No obstante, otro intento de territorialización, en este caso el de los jueces de lo Penal, también ha fracasado. El subsecretario de Justicia propuso a los magistrados de esta jurisdicción -radicados en las tres capitales provinciales y Elche- que se desplazaran con una frecuencia fija a otras cinco plazas -Vinaròs, Alzira, Gandia, Dénia y Benidorm- para evitar los desplazamientos periódicos del ciudadano. Los jueces afectados por la medida han rechazado la propuesta de Velasco, que carece de jerarquía alguna sobre ellos.