El curso que viene: lo peor está por llegar
La ciudadanía del Reino Unido se ha resentido profundamente de la política educativa desmanteladora de la época de la "dama de hierro". En Inglaterra existen ya numerosos informes económicos que aconsejan al gobierno sobre la conveniencia de invertir más en educación, porque resulta mucho más barato que pagar cárceles y sistemas de atención social. No podemos decir que la escuela resuelva la injusticia social ni que nivele el profundo abismo que separa cada vez más a los pobres de los ricos, incluso en las sociedades industrializadas; pero sí podemos asegurar que la escuela no debe ayudar a pr...
La ciudadanía del Reino Unido se ha resentido profundamente de la política educativa desmanteladora de la época de la "dama de hierro". En Inglaterra existen ya numerosos informes económicos que aconsejan al gobierno sobre la conveniencia de invertir más en educación, porque resulta mucho más barato que pagar cárceles y sistemas de atención social. No podemos decir que la escuela resuelva la injusticia social ni que nivele el profundo abismo que separa cada vez más a los pobres de los ricos, incluso en las sociedades industrializadas; pero sí podemos asegurar que la escuela no debe ayudar a profundizar en ese abismo. El gobierno del Partido Popular, más de derechas incluso que Margaret Tatcher, está repitiendo un proceso histórico ya ensayado y desechado, efectuando poco a poco, "tacita a tacita", el desmantelamiento del sistema educativo público, único garante de la igualdad de oportunidades. Así, y aunque, por fin, el curso próximo se generaliza la Enseñanza Secundaria Obligatoria en España, este espléndido proyecto moral -que nos llega con más de 38 años de retraso con respecto al resto de Europa (en los países de nuestro entorno desde 1960, el 100% de la población está escolarizada en la enseñanza secundaria obligatoria)- comienza mucho peor de lo que estaba previsto. A pesar de todo, nos alegramos mucho de que nuestros jóvenes, los españoles y los valencianos, estén en pie de igualdad con los holandeses, franceses, daneses, etcétera. Pero este avance en el derecho no lo va a ser tanto de hecho; por muchos motivos, aunque el más importante es la falta de presupuesto dedicado a la plena implantación de la ESO. Este factor, la falta de inversión en centros, hará que el "pie de igualdad" de nuestros jóvenes sea dos o tres tallas menor que el de los de la Unión Europea. Además, del principal problema a la plena implantación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, se infieren otros dos aspectos: 1. La red de institutos LOGSE está todavía en mantillas. Aproximadamente el 85% del alumnado deberá realizar sus estudios del Primer Ciclo de Secundaria en las escuelas de Primaria. Los institutos LOGSE, para jóvenes de los 12 a los 18 años, son los centros donde se deben impartir los cuatro años de enseñanza obligatoria (de los 12 a los 16 años), los bachilleratos y los módulos profesionales (según la elección de cada alumno, de los 16 a los 18 años). A tenor del silencio de la administración, los centros de primaria seguirán impartiendo sine die el primer ciclo de secundaria pues no han dicho "esta boca es mía" respecto a cómo va a efectuarse el proceso y con qué plazos. No se ha hecho casi nada para adecuar los centros de bachillerato y formación profesional a la nueva Ley. Tan sólo se han construido una decena de centros de los más de cien que estaban previstos para garantizar la igualdad de oportunidades. 2. El paso de un segundo curso de la ESO dentro de las escuelas, al tercero, en los institutos. La tan cacareada "libertad de elección de centros" no ha sido otra cosa que un caos; la libertad de elección se ha tornado arbitrariedad, dispersión intencionada hacia la privada concertada y, en algunos casos, asignación pura y dura: "Esos aquí, aquellos allá". Muchas familias se han pasado días angustiadas pensando que sus hijos tenían que desplazarse desde muy lejos para continuar sus estudios. En fin: la igualdad de oportunidades maltratada y todo un espectáculo de falta de respeto y consideración hacia la ciudadanía. Pero la conclusión ante tanta confusión en el proceso de adscripción es: ¿cómo va a garantizar la administración, en este caso la consejeria de Educación y Ciencia, que tiene escolarizados a todos y a todas las ciudadanas? ¿Le preocupa al señor Camps que los hijos e hijas de las familias más desfavorecidas no vayan al Instituto? ¿Acaso lo que se perseguía es que no continuaran su formación? ¿Es que es ajeno a las manifestaciones que durante todo el curso han protagonizado alumnos, padres, madres y profesorado reclamando la adecuación de los centros a los nuevos estudios y la construcción de otros nuevos allá donde hacen falta? Esperamos una contestación con datos en septiembre. Prestaremos mucha atención: la justicia social está en peligro.
Inés Giménez es responsable de Enseñanza de Nova Esquerra.