La Sala Segunda comienza hoy a deliberar

El juicio por el secuestro de Segundo Marey, primera acción atribuida a los GAL, ha llegado a su fin tras ocho semanas de proceso repartidas en 22 jornadas de sesiones en las que por primera vez se han sentado en el banquillo un ministro del Interior y un secretario de Estado de la etapa de gobierno socialista.A las 10 de la mañana de hoy comienzan sus deliberaciones sobre la sentencia los 11 magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: José Jiménez Villarejo, Gregorio García Ancos, Luis Román Puerta, Enrique Bacigalupo, Joaquín Delgado García, José Antonio Martín Pallín, José Manuel M...

El juicio por el secuestro de Segundo Marey, primera acción atribuida a los GAL, ha llegado a su fin tras ocho semanas de proceso repartidas en 22 jornadas de sesiones en las que por primera vez se han sentado en el banquillo un ministro del Interior y un secretario de Estado de la etapa de gobierno socialista.A las 10 de la mañana de hoy comienzan sus deliberaciones sobre la sentencia los 11 magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo: José Jiménez Villarejo, Gregorio García Ancos, Luis Román Puerta, Enrique Bacigalupo, Joaquín Delgado García, José Antonio Martín Pallín, José Manuel Martínez-Pereda, Joaquín Martín Canivell, Cándido Conde-Pumpido, Roberto García-Calvo y José Antonio Marañón Chávarri. Las previsiones apuntan a que el fallo se conocerá en torno a la primera decena del mes de agosto.

El tribunal ha descartado anticipar el fallo y redactar después, más sosegadamente, los fundamentos de derecho de la sentencia, ya que esa posibilidad, utilizada alguna vez de forma excepcional por la jurisdicción contenciosa -por ejemplo en la desclasificación de los papeles del Cesid- plantea problemas en el orden penal, relacionados con el principio de inmediación y con el momento en el que cabría interponer, en su caso, eventuales recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional.

El alto tribunal tiene que pronunciarse sobre la existencia de los tres delitos que han apreciado el ministerio fiscal y las demás acusaciones: pertenencia a banda armada; malversación de fondos reservados para llevar a cabo el secuestro y detención ilegal.

También deberá examinar la nulidad de actuaciones invocada por las defensas de Vera y Barrionuevo, y si la responsabilidad penal ha quedado extinguida por el transcurso del plazo de prescripción de los delitos. Las defensas aducen que este plazo es de diez años en tanto que las acusaciones lo elevan a 15 años, tiempo éste último que impediría que operase la prescripción.

Las penas que se impongan, en su caso, no podrán exceder, en virtud del principio acusatorio, de las máximas pedidas por las acusaciones, que rondan los 30 años de reclusión para los dos altos cargos y los principales responsables de la lucha contraterrorista.

El ministerio fiscal ha pedido finalmente penas de 23 años años de cárcel para el ex ministro José Barrionuevo y el ex secretario de Estado Rafael Vera, y de 22 para Julián Sancristóbal, ex director general de la Seguridad del Estado.

Todas las defensas han solicitado la absolución de los procesados y, alternativamente, la prescripción de los delitos.

La vista comenzó el pasado 25 de mayo y a lo largo de las 22 sesiones han declarado los doce procesados, algunos de los cuales se negaron a responder a los interrogatorios de las acusaciones e incluso a alguna defensa.

La prueba testifical tuvo como principal testigo al ex presidente del Gobierno socialista, Felipe González, al que precedió el actual vicepresidente primero el Gobierno, Francisco Álvarez Cascos. Emitieron también sus dictámenes una docena de peritos.

El secuestro se produjo en la localidad francesa de Hendaya el 4 de diciembre de 1983. Confundido por sus secuestradores, tres mercenarios a sueldo, con el supuesto etarra Mikel Lujua, verdadero objetivo de la operación, Marey fue introducido en España y custodiado por policías de la jefatura de Bilbao en una cabaña próxima a Colindres. 10 días después fue liberado en territorio francés.