Consell y Ayuntamiento se enfrentan abiertamente por el desarrollo urbanístico de Alicante
El crecimiento urbanístico de Alicante ha desencadenado un enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el Consell, dirigidos ambos por el PP, que supera el ámbito político. En juego está el desarrollo de más de 700.000 metros cuadrados en una de las zonas de mayor demanda inmobiliaria del término municipal, donde se pueden construir hasta 4.500 viviendas. [EN] Se trata de un fabuloso negocio de decenas de miles de millones de pesetas que ha movilizado a las más altas esferas de las administraciones local y autonómica, que apuestan por proyectos diferentes.
La adjudicación del Plan de Actuaci...
El crecimiento urbanístico de Alicante ha desencadenado un enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el Consell, dirigidos ambos por el PP, que supera el ámbito político. En juego está el desarrollo de más de 700.000 metros cuadrados en una de las zonas de mayor demanda inmobiliaria del término municipal, donde se pueden construir hasta 4.500 viviendas. [EN] Se trata de un fabuloso negocio de decenas de miles de millones de pesetas que ha movilizado a las más altas esferas de las administraciones local y autonómica, que apuestan por proyectos diferentes.
La adjudicación del Plan de Actuación Urbanística número 1 de Alicante, que ocupa una apetitosa franja de territorio urbano estratégicamente situada entre los populosos barrios de San Blas, La Florida y Ciudad de Asis, se ha convertido ya en un escándalo político-económico-empresarial que pone en un aprieto las relaciones entre la cúpula regional del PP y sus representantes en la ciudad. El equipo municipal de gobierno no está dispuesto a paralizar el expediente, por mucho que el Consell insista en ello. El conflicto no es nuevo, aunque se exteriorizó con virulencia el martes, cuando el alcalde decidió suspender el debate plenario convocado para adjudicar el proyecto a la mercantil Camservi con apoyo del resto de grupos políticos, los técnicos municipales y el movimiento vecinal. Se trataba del segundo retraso sin previo aviso, después de que el mes pasado, cuando el expediente estaba concluso y listo para aprobar, el equipo de gobierno decidió someterlo a la consideración de los técnicos de la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, pese a no existir normativa alguna que establezca ese trámite como obligatorio. La injerencia de la administración autonómica en asuntos municipales es un secreto a voces, aunque ambas partes lo niegan. El Consell utilizó ayer las páginas del diario ABC para dar un tirón de orejas al alcalde de Alicante. El consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo regional, José Joaquín Ripoll, se destapó con unas declaraciones en las que pedía a los munícipes del PP que actuaran en este caso de forma "más tranquila, de manera reposada, sin prisas, sin agobios y sin nervios". Aunque insiste el consejero en que el Consell no apoya ninguno de los proyectos en liza, Ripoll deja entrever cierta inclinación favorable a que el planeamiento urbanístico de esos más de 700.000 metros cuadrados se adjudique a la mercantil Playas de Orihuela. Y lo hace por activa y por pasiva, porque reclama que se tengan en consideración los derechos de los propietarios de los terrenos (que supuestamente apoyan el proyecto de Playas de Orihuela), y al mismo tiempo arremete contra los profesionales que han trabajado en el proyecto de Camservi, entre los que destaca al ex alcalde socialista Ángel Luna. Ripoll, que habla siempre en plural como para dejar claro que lo hace en nombre del Gobierno autonómico, valora negativamente que la propuesta de Camservi haya obtenido el consenso de los grupos municipales y técnicos, para concluir: "Vemos cosas raras". "No hay que precipitarse", continúa, "porque la prisa no es buena consejera. Hay que meditarlo todo bien y adoptar después el acuerdo más ventajoso y conveniente para Alicante y para los alicantinos". La intervención en el escenario urbanístico de Alicante del Consell sorprendió ayer, por igual, a la oposición y al equipo de gobierno, que tardó en reaccionar pero lo hizo con firmeza en defensa de la autonomía municipal. Así, tanto el alcalde Díaz Alperi como su concejal de Urbanismo, José Ramón García, fueron muy explícitos en responder a Ripoll al aseverar que ellos consideran el expediente "cerrado, meditado y resuelto". Acorralado por los periodistas, García declaró que su departamento había cumplido con todos los trámites, y que personalmente mantenía su criterio favorable a Camservi, que no está dispuesto a variar. "Las declaraciones del consejero Ripoll no interfieren en mi trabajo", señaló el edil. "Yo no tengo ninguna duda y nadie me hará cambiar de parecer, porque quien hace las propuesta sobre el urbanismo de esta ciudad es el concejal de Urbanismo, que tiene todo muy claro", explicó. El alcalde tampoco pudo eludir la polémica, y ante los micrófonos de la Cadena SER ratificó su decisión de adjudicar el proyecto a Camservi. "Esa propuesta será la que se llevará al pleno del día 29, sin ninguna modificación, porque el Ayuntamiento hace lo que cree más conveniente y ya lo tenemos decidido", concluyó Díaz Alperi.
Defensa de la autonomía municipal
Hasta los regionalistas de Unión Valenciana, con escasa implantación en Alicante, salieron ayer en defensa de la autonomía municipal frente a los intentos del Consell de dirigir la política urbanística de la ciudad. "Es del todo punto impresentable el modo en que se están desarrollando los acontecimientos en este caso", señala un comunicado suscrito por José Ramón Navarro, presidente del Consejo Coordinador de UV en Alicante. Para Navarro, "no se puede permitir que poderes ajenos al Ayuntamiento puedan ejercer presión sobre él de esta forma, y que estén condicionando el futuro de la ciudad". Mucho más contundente se mostraron los portavoces de la oposición municipal, que ofrecieron su apoyo al alcalde para hacer frente a la injerencia y defender la autonomía municipal. El socialista Rafael Muñoz arremetió contra el consejero José Joaquín Ripoll, al que calificó de "postulante como candidato a alcalde" y para el que pidió la declaración de "persona no grata" en el municipio "por sembrar dudas acerca del trabajo de los políticos y técnicos locales". Para el portavoz de EU, José Luis Romero, el conflicto se traduce en una lucha entre "partes bien diferenciadas de la derecha empresarial y política valenciana". "Díaz Alperi parece volver al franquismo, presentándonos a un alcalde como delegado gubernativo que espera órdenes para resolver asuntos propios de la autonomía municipal", dijo Romero. Pablo Rosser, de Nova Esquerra, califica el enfrentamiento entre Consell y Ayuntamiento de "acontecimiento sin precedentes desde la llegada de la democracia al Ayuntamiento de Alicante". El consejero Ripoll y el Gobierno autonómico fueron objeto de las iras de este concejal, por intentar "que el alcalde se pliegue a las presiones de parte del PP". Los diputados de esta formación política solicitarán la comparecencia en las Cortes Valencianas de los consejeros de Urbanismo y Presidencia para que expliquen el conflicto. "Es inadmisible su intromisión en asuntos municipales, y eso denota muy poco respeto a la democracia", señaló Rosser.
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