Muertes bajo al agua
Los casos de ahogamientos en piscinas municipales han sido en los últimos años tan escasos como dramáticos. El más reciente se remonta al pasado 31 de marzo, cuando un niño de cuatro años fue hallado ahogado en la piscina de Pozuelo de Alarcón. El crío, junto a otros 21 niños (de entre cuatro y seis años), había asistido a un curso de natación impartido por dos monitores municipales. Acabada la clase, los pequeños volvieron a los vestuarios. Todos menos C.Q.H. A instancias de su madre, los monitores fueron a buscarle a la piscina, donde le encontraron en estado crítico. Cuarenta horas después ...
Los casos de ahogamientos en piscinas municipales han sido en los últimos años tan escasos como dramáticos. El más reciente se remonta al pasado 31 de marzo, cuando un niño de cuatro años fue hallado ahogado en la piscina de Pozuelo de Alarcón. El crío, junto a otros 21 niños (de entre cuatro y seis años), había asistido a un curso de natación impartido por dos monitores municipales. Acabada la clase, los pequeños volvieron a los vestuarios. Todos menos C.Q.H. A instancias de su madre, los monitores fueron a buscarle a la piscina, donde le encontraron en estado crítico. Cuarenta horas después murió en el hospital Clínico. Hasta la fecha nadie ha ofrecido una explicación satisfactoria sobre cómo pudo ahogarse el niño en la piscina (con 1,20 metros de profundidad máxima) ni cómo pudo ser olvidado en el agua por los monitores. El caso, instruido por el Juzgado número 5 de Majadahonda, sigue en fase de investigación.Más antiguo y ya resuelto judicialmente es el caso de Daniel Domínguez, de 12 años. Este niño murió en julio de 1986 después de quedar 10 minutos aprisionado en el orificio de depuración de la piscina infantil del complejo deportivo Playa de Madrid (un recinto privado). En junio de 1991, la Audiencia Provincial de Madrid condenó al director de la piscina a pagar una indemnización de 15 millones de pesetas y una multa de 25.000 pesetas como autor de una falta de imprudencia.
Otro caso resuelto judicialmente es el de Roberto Rojas, que en julio de 1988 estuvo a punto de morir (entró en coma) tras permanecer cuatro minutos bajo el agua en una piscina de Getafe en un cursillo municipal. Tras las denuncias, en 1991 el Ayuntamiento decidió pagar 10 millones de pesetas de indemnización y una pensión vitalicia de 200.000 pesetas al crío. A cambio, los padres de la víctima retiraron las acusaciones.