Conde declara el jueves a petición propia en el "caso Argentia bis"

El juez José Emilio Coronado, titular del Juzgado número 16 de Madrid, tomará declaración el próximo jueves a Mario Conde, ex presidente de Banesto, quien sustituirá a su esposa, Lourdes Arroyo, como parte personada en la denuncia presentada por ella contra Antonio Navalón, ex asesor de Conde, y Diego Selva, o caso Argentia bis. Conde debió sustituir a su esposa al decretar la Audiencia Provincial de Madrid, sección sexta, la nulidad de esa personación. Conde ha solicitado declarar.

Hace ahora algo más de un año que, no sin astucia, Mario Conde abrió un proceso de revisión de facto en e...

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El juez José Emilio Coronado, titular del Juzgado número 16 de Madrid, tomará declaración el próximo jueves a Mario Conde, ex presidente de Banesto, quien sustituirá a su esposa, Lourdes Arroyo, como parte personada en la denuncia presentada por ella contra Antonio Navalón, ex asesor de Conde, y Diego Selva, o caso Argentia bis. Conde debió sustituir a su esposa al decretar la Audiencia Provincial de Madrid, sección sexta, la nulidad de esa personación. Conde ha solicitado declarar.

Hace ahora algo más de un año que, no sin astucia, Mario Conde abrió un proceso de revisión de facto en el caso Argentia Trust, en el Juzgado número 16 de Madrid. Su esposa, Lourdes Arroyo, presentó el 27 de mayo de 1997 en el juzgado de guardia de plaza de Castilla una solicitud de orden de entrada y registro en los domicilios de Antonio Navalón y Diego Selva, ex asesores de Conde.Arroyo pidió el registro con el argumento de que en dichos domicilios había documentos que podrían probar que ambos asesores incurrieron en delito de falso testimonio durante su declaración en el juicio oral del caso Argentia Trust, en el que Conde fue condenado por un delito de apropiación indebida en el pago de 600 millones de pesetas en agosto de 1990.

El juez de guardia correspondió al titular del Juzgado número 16, José Emilio Coronado. Éste no autorizó la entrada y registro, pero siguió tramitando en su propio juzgado las llamadas diligencias previas 3.641/97. Al día siguiente, Arroyo presentó ante el propio juzgado una extensa denuncia. Como corolario ya no pidió la entrada y registro en los domicilios de Navalón y Selva, sino el envío de una comisión rogatoria a Suiza para averiguar quiénes fueron los beneficiarios del pago de los 600 millones.

Falta de legitimidad

La Audiencia Provincial de Madrid, sección sexta, al examinar un recurso de queja de Diego Selva en el que se solicitaba la nulidad de las actuaciones en el Juzgado número 16 de Madrid, decidió rechazar esa pretensión, pero estimó el motivo cuarto, aquel en el que se señalaba que Lourdes Arroyo, al no ser perjudicada, carecía de legitimidad para estar personada en la causa.

"El juez instructor", dice el auto de la Audiencia Provincial del pasado 2 de junio, "en la providencia ahora recurrida, de fecha 30 de mayo de 1997, tenía por parte a la representación legal de Arroyo y accedía al libramiento de una comisión rogatoria. Tal resolución no resulta ajustada a derecho, pues la denunciante carece de legitimación para poder ser parte en la causa, ya que está pretendiendo la defensa de unos derechos ajenos, y el verdaderamente legitimado, que es su esposo, Mario Conde, no ha expresado su agravio". Por tal motivo se declaraba la nulidad y se dejaba sin efecto la personación de Lourdes Arroyo.

Conde solicitó, acto seguido, personarse en sustitución de su esposa y prestar declaración. Su abogado y procurador, según el escrito que ha presentado, son los mismos que idearon la petición de una orden de entrada y registro y prestar la denuncia ante el mismo juez. Son Juan Carlos Lara y Carlos Gómez-Villaboa.

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