El Gobierno se negará a desclasificar los datos sobre las escuchas a HB solicitados por la juez

El Consejo de Ministros se negará a desclasificar los datos sobre las escuchas del Cesid a HB que le ha solicitado, con el visto bueno del fiscal, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Vitoria. Fuentes gubernamentales indicaron que estos datos, referidos a la identidad de muchos agentes y a los procedimientos del Cesid, afectan a la seguridad del Estado y están protegidos por la ley de Secretos Oficiales y el acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986. La juez advierte, sin embargo, que los datos son "indispensables" para la causa, que sin ellos está "condenada al f...

El Consejo de Ministros se negará a desclasificar los datos sobre las escuchas del Cesid a HB que le ha solicitado, con el visto bueno del fiscal, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Vitoria. Fuentes gubernamentales indicaron que estos datos, referidos a la identidad de muchos agentes y a los procedimientos del Cesid, afectan a la seguridad del Estado y están protegidos por la ley de Secretos Oficiales y el acuerdo de Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986. La juez advierte, sin embargo, que los datos son "indispensables" para la causa, que sin ellos está "condenada al fracaso".

El procedimiento abierto en Vitoria por el espionaje a HB se encamina con rapidez hacia un conflicto como el que se produjo con motivo de los llamados papeles del Cesid, que se saldó con la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 4 de abril del año pasado. Al igual que hiciera entonces Baltasar Garzón, la juez Carmen Lasanta ha dirigido una exposición razonada al Gobierno en la que pide que se desclasifique todo lo relacionado con las escuchas descubiertas en la sede de la coalición radical.También ahora, como el 2 de agosto de 1996, el Consejo de Ministros se negará a acceder a dicha petición, aunque confía en que esta vez el Supremo no le quite la razón. Las fuentes consultadas indicaron que en este caso, a diferencia del anterior, no existe ninguna duda de que la información solicitada afecta a la seguridad del Estado, pues se trataba de investigar a personas que forman parte del complejo de apoyo a ETA, lo que se encuadra en el marco de la lucha contra el terrorismo y en las misiones propias del Cesid, según han reiterado tanto el titular de Defensa, Eduardo Serra, como el propio presidente, José María Aznar.

Aún no sabe cuándo se producirá el acuerdo del Consejo de Ministros, ya que no hay plazo legal para contestar a la juez y habrá que recabar antes los correspondientes informes jurídicos. No obstante, la decisión política se adoptó hace varias semanas al máximo nivel. Incluso se barajó la posibilidad de que el Gobierno hiciese un pronunciamiento formal, aunque finalmente se prefirió esperar a que la juez elevase su exposición razonada, lo que hizo el 14 de mayo con el informe favorable del fiscal.

Previamente, los días 7 y 8 de este mes, la instructora recibió las respuestas a dos oficios dirigidos al ministro de Defensa y al director general del Cesid, Javier Calderón. Ambos se acogieron a la legislación sobre secretos oficiales para no dar detalles de la operación, aunque con dos excepciones. Serra admitió que M.C., el agente cuyo nombre real figuraba en un documento olvidado en el piso del Cesid, "mantiene una relación de empleo con el Ministerio de Defensa". Calderón reconoció, por su parte, que el Cesid "disponía en el inmueble señalado de medios técnicos susceptibles de ser utilizados para fines de la lucha antiterrorista".

A partir de este reconocimiento, que ya hizo Serra en su comparecencia ante el Congreso del 21 de abril, la exposición razonada de la juez, que ayer adelantó El Mundo, solicita que se desclasifiquen las respuestas a 14 preguntas agrupadas en ochos puntos.

En concreto, pregunta desde qué fecha disponía el Cesid de los medios técnicos instalados sobre la sede de HB; quién ordenó su instalación y con qué fin; qué agentes han intervenido en la operación, cuál es su identidad real y destino actual; a quién daban cuenta del resultado de su trabajo, quién era el mando o cargo del Cesid del que dependían, cuál era el departamento encargado de la operación y quién es su máximo responsable; quién era el receptor último de la información y si éste conocía la forma en que se había obtenido; a quién se informó el pasado 31 de marzo de que había sido descubierta la instalación situada sobre la sede de HB; si pertenecen al Cesid cinco personas cuyos nombres enumera, si se trata de identidades ficticias y, caso de ser así, que se aporte la identidad real y el destino actual, así como sus fotografías, e infórmese de qué relación mantienen con los hechos que se investigan; y, por último, cualquier otro dato de interés para la causa que pueda derivarse de los anteriores.

Destinatario último

Respecto a los cinco nombres, dos de ellos son reales y ya han declarado como imputados -se trata de M.C. y F.B., un agente del Cesid y un guardia civil-, mientras que los otros tres -Miguel Ángel Navarro, Alfonso Díez Herrera y José Ignacio López, correspondientes a la persona que alquiló el piso en 1992, a la que lo compró en 1994 y a la que contrató un teléfono son presumiblemente falsos. La juez argumenta que la información solicitada "resulta indispensable" para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los presuntos responsables, precisamente "porque algunas personas han podido actuar bajo identidad ficticia", y advierte que, de no obtener respuesta a sus preguntas, "simple y llanamente esta instrucción está condenada al fracaso".De todas las cuestiones planteadas, la más relevante políticamente es la que se refiere al "destinatario último" de la información y a su conocimiento sobre la forma en que ésta sido obtenida, ya que, según la legislación vigente, los destinatarios de los informes del Cesid son los ministros de Defensa e Interior y el propio presidente. Serra manifestó en el Congreso que los miembros del Gobierno "no tienen por qué conocer" cómo obtiene el Cesid la información que facilita.