Un embalse bajo sospecha

El pasado verano el Ministerio de Medio Ambiente expresaba sus dudas sobre la viabilidad de la Breña II (Córdoba), un proyecto cuya ejecución reclamaba con insistencia la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Guadalquivir. El secretario general del ministerio, Juan Luis Muriel, calificó de "difícil" la situación, dadas las complejas repercusiones ambientales de la obra, aunque aplazó cualquier decisión al respecto hasta que se dictara la declaración de impacto ambiental. Todo parecía indicar que sería desfavorable, pero el día 3 el Boletín Oficial del Estado publicó el dictame...

El pasado verano el Ministerio de Medio Ambiente expresaba sus dudas sobre la viabilidad de la Breña II (Córdoba), un proyecto cuya ejecución reclamaba con insistencia la Federación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Guadalquivir. El secretario general del ministerio, Juan Luis Muriel, calificó de "difícil" la situación, dadas las complejas repercusiones ambientales de la obra, aunque aplazó cualquier decisión al respecto hasta que se dictara la declaración de impacto ambiental. Todo parecía indicar que sería desfavorable, pero el día 3 el Boletín Oficial del Estado publicó el dictamen, en el que se consideraba factible el proyecto siempre que se respeten una serie de condiciones y se ejecuten medidas correctoras. Los agricultores respiraron aliviados. A su juicio, nada impide ya el comienzo de las obras, puesto que estas habían sido cuestionadas por los graves daños que causarían en el Parque Natural de Hornachuelos y la declaración no los considera de tal calibre como para impedir la ejecución de la presa. Según sus cálculos, la Breña II podría estar operativa en el 2003. No opinan igual las asociaciones ecologistas. La Coordinadora de Organizaciones de Defensa Ambiental (CODA) ha decidido plantear un recurso ante el ministerio convencida de que la declaración de impacto presenta numerosas irregularidades. "La Administración central ignora en su dictamen que se va a producir la inundación de 600 hectáreas catalogadas como de especial interés en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de Hornachuelos, circunstancia que impide este tipo de actuaciones y obliga a solicitar autorización a la Junta", argumentan. Sólo por este hecho, añaden, la resolución "debería declararse nula de pleno derecho". Pero lo realmente llamativo, denuncia la CODA, es cómo la declaración resuelve, en el capítulo de medidas correctoras, algunos de los impactos previstos. Por ejemplo, en lo que se refiere a la flora y fauna, la resolución sólo menciona algunas actuaciones destinadas a proteger el hábitat de una libélula amenazada de extinción y dos especies de peces, cuando el informe remitido al ministerio por la Universidad de Córdoba citaba una docena de especies vegetales, algunas endémicas, que se verían afectadas por el embalse, así como un buen número de especies animales, como el lince, la nutria, el águila real, el águila perdicera y el búho real. Además, la Unión Europea otorgó a este territorio la calificación de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA). La Consejería de Medio Ambiente, en un informe de noviembre de 1993 advertía que la población de linces, estimada en unos 6 o 7 individuos, "se vería muy afectada al fragmentarse su territorio, y casi con toda seguridad a medio plazo se extinguiría en la zona". Este hecho provocaría, además, la incomunicación entre las poblaciones de lince asentadas en Sierra Morena Occidental y Oriental, aumentando su grado de aislamiento. Los técnicos de la consejería comunicaban entonces al ministerio que los impactos de la obra podían calificarse como "críticos", por lo que sugerían "la necesidad de plantear nuevas alternativas de ubicación, que consideren otros ríos distintos no situados en el Parque Natural de Hornachuelos". El panel internacional de expertos que, convocados por el Ministerio de Medio Ambiente, se reunieron en marzo en Cabañeros (Ciudad Real) para diseñar las líneas directrices del plan de conservación del lince ibérico, señalan en sus conclusiones una serie de proyectos en curso con una incidencia "especialmente negativa" para la supervivencia de esta especie: el listado está encabezado por el embalse de la Breña II. Esta, señala la CODA "es otra más de las contradicciones del ministerio". Aunque la consejería no se ha pronunciado a favor o en contra del embalse, los distintos informes que desde este organismo se han ido redactando a propósito del proyecto ponían de manifiesto las graves repercusiones que podría tener esta actuación. Ahora, explica Francisco Tapia, director general de Protección Ambiental, "aunque se haya publicado la declaración de impacto, la consejería no tiene que intervenir hasta que no se nos solicite autorización para ejecutar la obra y podamos así conocer el proyecto en detalle". La Administración central ha dejado la pelota en el tejado de la Junta, a la que se trasladará ahora la presión de los agricultores, aunque es muy posible que, finalmente, sea Bruselas quien determine el futuro del polémico embalse. La CODA ha anunciado que presentará sendas quejas ante la Comisión Europea por entender que la declaración de impacto vulnera las directivas de Aves y Hábitat.