Un juez destapa una estafa de 2.000 millones a 1.200 pequeños inversores
Un total de 1.200 pequeños inversores estafados y cerca de 2.000 millones de pesetas esfumados. Ésta es la síntesis de una de las mayores estafas descubiertas en Madrid en los últimos años. Los responsables de este supuesto delito, cuyo juicio se prepara ya en la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, son los gestores de una empresa denominada Gsell, ubicada en la calle de Alberto Alcocer, que logró captar durante su andadura un total de 4.000 millones de pequeños inversores y que ha dejado en la estacada a 1.200 personas que habían confiado su dinero. Algunos han conseguido la devol...
Un total de 1.200 pequeños inversores estafados y cerca de 2.000 millones de pesetas esfumados. Ésta es la síntesis de una de las mayores estafas descubiertas en Madrid en los últimos años. Los responsables de este supuesto delito, cuyo juicio se prepara ya en la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, son los gestores de una empresa denominada Gsell, ubicada en la calle de Alberto Alcocer, que logró captar durante su andadura un total de 4.000 millones de pequeños inversores y que ha dejado en la estacada a 1.200 personas que habían confiado su dinero. Algunos han conseguido la devolución del dinero que confiaron a esta empresa. Los imputados son Juan Miguel M. A., Montserrat M. A. y Sofía M. B. Las diligencias judiciales ocupan 21 tomos y más de 10.000 folios, y han sido llevadas a lo largo de cuatro años por el titular del Juzgado de Instrucción 27 de Madrid, David Cubero. Los acusados, según se desprende del sumario, montaron la empresa Gsell y, con la promesa de unos intereses muy altos (de hasta el 17%), lograron captar fondos multimillonarios y embaucar a 1.200 pequeños ahorradores.
La actividad de Gsell se inició a finales de la década de los ochenta, aunque sus irregularidades no se descubrieron hasta finales de 1992 y comienzos de 1993. En esas fechas se presentaron unas 300 denuncias en los juzgados de Madrid, suscritas por pequeños inversores que reclamaban ante los jueces la devolución de los depósitos e intereses que habían confiado a los responsables de la empresa.
La buena marcha de la firma inversora en sus primeros meses de actividad hizo que personas cercanas a los clientes iniciales decidieran invertir en ella sus ahorros. El boca a boca llevó consigo el mensaje de un negocio que parecía redondo: una lujosa empresa dedicada a inversiones de todo tipo pagaba un 17% de interés cada año, rentabilidad muy superior a la del mercado.
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"Negocio imposible"
El juez fija una fianza de 1.200 millones de Pesetas a los tres acusados de la estafa
En sus primeros años de andadura, las arcas de Gsell fueron viento en popa, según se refleja en el sumarlo. La empresa cumplió correctamente sus compromisos económicos, incluido el pago de los intereses pactados. Pudo hacerlo porque iba captando nuevos inversionistas, con cuyos depósitos podía devolver el dinero, y sobraba, que algún cliente ocasional solicitaba. El negocio, de tipo piramidal, era "un negocio imposible", según lo define el juez instructor en una de sus resoluciones sobre el caso. Mientras se mantuvo el chorreo de nuevos clientes, todo fue bien. Pero los inversores dejaron de pasarse por la lujosa sede de Gsell en 1992, con la llegada de la crisis económica. Cuando esto ocurrió, Gsell había captado ya más de 4.000 millones de pesetas, y la cartera de clientes, la mayoría de Madrid, aunque también los había de otras regiones de España e incluso del extranjero, superaba los 1.200.
Si en sus comienzos Gsell había despegado gracias a los comentarios favorables que se hacían sobre su solidez económica, su caída comenzó a gestarse al circular el rumor entre sus clientes de que la empresa atravesaba dificultades financieras . Los inversionistas comentaron a pedir la devolución de su dinero, y la empresa, a poner pegas. El extraño negocio se vino entonces abajo, y las denuncias se acumularon en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid. La bola de la presunta estafa, imparable, se hacía más gorda día tras día. Y el principal encausado, Juan Miguel M. A., lejos de declarar la quiebra de la empresa, siguió captando nuevos inversores y, lógicamente, quedándose el dinero. La avalancha de clientes que pedían sus depósitos se hizo insostenible en 1993. Gsell aducía que no podían hacer frente a los pagos porque el dinero había sido invertido en fincas y otras propiedades. El juez instructor del caso ha indagado sin éxito en busca de esas propiedades. Ha dado con algunas fincas, que ya están embargadas, pero nada más.
Del rastro de alrededor de al menos 1.200 millones de pesetas, nada se sabe. De ahí que el juez instructor, como medida cautelar, les haya impuesto una fianza (que lógicamente no ha sido depositada) por importe de 1.200 millones. Ahora, el banquillo espera a los tres acusados.