Un informe socialista francés propone encarcelar a padres de niños delincuentes

Las conclusiones a las que llega el informe sobre el auge de la delincuencia de menores en Francia son inquietantes. Dos diputados socialistas a los que el primer ministro, Lionel Jospin, encomendó hace ya cuatro meses que estudiaran el problema ya tienen sus conclusiones. Entre las más llamativas está la de encarcalar por dos años a los padres que hayan desatendido, sin justificación legítima, la educación y la moralidad de sus hijos delincuentes.

Los diputados socialistas concluyen, en general, que hay que movilizar a todos los agentes sociales -familia, escuela, asociaciones, servic...

Las conclusiones a las que llega el informe sobre el auge de la delincuencia de menores en Francia son inquietantes. Dos diputados socialistas a los que el primer ministro, Lionel Jospin, encomendó hace ya cuatro meses que estudiaran el problema ya tienen sus conclusiones. Entre las más llamativas está la de encarcalar por dos años a los padres que hayan desatendido, sin justificación legítima, la educación y la moralidad de sus hijos delincuentes.

Los diputados socialistas concluyen, en general, que hay que movilizar a todos los agentes sociales -familia, escuela, asociaciones, servicios municipales- que pueden jugar un papel resocializador al mismo tiempo que se refuerza y amplía el papel de la policía y la justicia. Pero las propuestas más novedosas de entre las 135 elaboradas por los diputados son las concernientes a la ampliación de la responsabilidad de los padres.

Los diputados sugieren que los padres que "sin motivo legítimo se sustraigan a sus obligaciones legales hasta el punto de poner en peligro la salud, la seguridad, la moralidad o la educación de sus hijos menores de edad, puedan ser castigados con dos años de cárcel y multas de 200.000 francos" (5 millones de pesetas). Los diputados se limitan a recordar que en la legislación vigente existe un artículo, votado en 1945, que permite esa encarcelación de progenitores que se desentienden -o fomentan- las actividades criminales de sus retoños.

Controlar subvenciones

También se habla de la conveniencia de controlar las ayudas que reciben del Estado muchas familias cuando consta que las subvenciones son utilizadas para fines que nada tienen que ver con la educación y alimentación de los niños. No sólo la delincuencia, sino también la simple repetición de ausencias escolares debieran poner en sobreaviso a quienes tienen el derecho de retirar las ayudas económicas. Hoy en día, en Francia, casi uno de cada cinco delitos -el 18%- de los que se cometen es obra de un menor de 18 años. Los menores de 16 no pueden ir a la cárcel excepto en el caso de que sean encontrados culpables de un crimen. El 6% de los asesinatos son obra de menores y el 22% de violaciones de que son víctimas quienes tienen menos de 18 años son también obra de otros menores.

Los dos diputados socialistas autores, del informe piden una mejor adecuación entre sanciones y delitos, alertan sobre la proliferación de casos en los que menores de 13 años se ven implicados como actores, y exigen que se mejore la formación de los agentes de policía especializados en casos de menores, hasta ahora preparados para atender al adolescente-víctima pero en absoluto adaptados para luchar contra un adolescente-culpable.

El ministro del Interior, Jean-Pierre Chevénement, sugiere por su parte la conveniencia de "desplazar" a los menores reincidentes para separarlos del mundillo criminal en el que se sienten seguros y del que dependen. Elisabeth Guigou, la ministra de Justicia, aunque coincide en la necesidad de responsabilizar a los padres, cree mucho menos en las virtudes disuasorias del encarcelamiento, sobre todo en los casos extremos, aquéllos en los que los padres han desaparecido, ya cumplen pena de prisión o mantienen una importante actividad delictiva.

[En el Reino Unido se abre hoy precisamente una cárcel de alta seguridad para niños reincidentes en el que un personal especializado intentará la rehabilitación de los menores más peligrosos del país. Un total de 40 chavales de entre 12 y 14 años vivirán en esta nueva institución gestionada por una empresa privada. Es la primera de una serie de cinco. Véase EL PAÍS del pasado miércoles].