EL juicio contra cuatro españoles por sedición amenaza las relaciones con Guinea Ecuatorial
Cuatro españoles de origen guineano, encarcelados tras una confusa acción armada de un grupo independentista en la isla de Bioko, se enfrentan a una pena de muerte casi segura si prospera la petición fiscal que les acusa de traición y sedición en el proceso abierto contra decenas de miembros de la etnia bubi. El Ministerio de Asuntos Exteriores se mantiene en con tacto con los cuatro detenidos, que pueden ser víctimas inocentes de unas deterioradas relaciones entre Gobiernos y de la situación creada por la explotación de los campos petrolíferos.
El Gobierno de Teodoro Obiang, al calor ...
Cuatro españoles de origen guineano, encarcelados tras una confusa acción armada de un grupo independentista en la isla de Bioko, se enfrentan a una pena de muerte casi segura si prospera la petición fiscal que les acusa de traición y sedición en el proceso abierto contra decenas de miembros de la etnia bubi. El Ministerio de Asuntos Exteriores se mantiene en con tacto con los cuatro detenidos, que pueden ser víctimas inocentes de unas deterioradas relaciones entre Gobiernos y de la situación creada por la explotación de los campos petrolíferos.
El Gobierno de Teodoro Obiang, al calor de los dólares que fluyen con el petróleo que extraen compañías de EEUU, ya puede prescindir de la ayuda española y orientarse hacia la zona de influencia francesa en Africa. La Embajada española en Malabo ha expresado a Obiang la "profunda preocupación del Gobierno español por la situación en Guinea".Los cuatro españoles, Juan de Dios Ripeu Sepa, José Luis Arranz Bomaho, Alejandro Choni Tonka y Francisco Biacho Chale, fueron detenidos el pasado 24 de enero, tres días después de que un grupo armado, integrado por unas 30 personas, llevara a cabo diversos ataques en la isla de Bioko en la que resultaron muertas siete personas, entre ellas cinco miembros de las fuerzas de seguridad. La acción de este grupo, formado por miembros del Movimiento para la Autodeterminación de la isla de Bioko, (MAIB), desencadenó una represión masiva sobre la etnia bubi aborigen de la isla (antigua Fernando Poo), que integra unas 40.000 personas, y llevó al encarcelamiento de cientos de ellas, de las que casi un centenar permanecen todavía detenidas. La etnia fang, mayoritaria en el país, es acusada por los bubis de imponer un régimen de terror para consolidar su dominio sobre la isla. El Gobierno de Obiang mantiene que no se trata de una lucha étnica, sino de una pugna con fuerzas "terroristas".
Los cuatro españoles, que según fuentes diplomáticas son ajenos a los hechos y se encontraban en la isla visitando a sus familiares, están encarcelados en condiciones precarias y reciben alimentos y medicinas del consulado español.
La vista del juicio, prevista en principio para el próximo mes de abril, preocupa en el Gobierno español, que ha sido ya interpelado por la oposición en el Congreso. El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, señaló la pasada semana en la comisión de Asuntos Exteriores que el "Gobierno no ha dejado de hacer gestiones en favor de todos los detenidos y ha insistido en la necesidad de que se esclarezcan todos los hechos acaecidos sobre los que flotan brumas de oscuridad".
El diputado de Nueva Izquierda Manuel Alcaraz denunció en la comisión la muerte de varios detenidos en la redada, víctimas de unas condiciones infrahumanas de detención en las que el hambre se sumó al hacinamiento y a la tortura.
Con la prudencia habitual en un ministro reacio a las declaraciones contundentes, Matutes pidió a la oposición que le permitiera "una reserva", porque no era "el momento de llevar a cabo determinadas presiones que podrían ir, por su espectacularidad, en perjuicio de la situación de los españoles" detenidos.
En medios diplomáticos se señala que las relaciones entre los dos Gobiernos pueden resentirse en las próximas semanas como resultado de este juicio y del creciente deterioro de las relaciones entre Malabo y Madrid.
Los detenidos arriesgan penas que van desde los 12 años a la pena de muerte, pero las condiciones de vida que se padecen en las cárceles guineanas condenan a una muerte cierta a los reclusos con largas condenas.
La situación en Guinea Ecuatorial, un país con una población inferior a los 400.000 habitantes entre el territorio continental y la isla, ha registrado un cambio espectacular tras la entrada en explotación de los pozos petrolíferos que un día fueron abandonados por la empresa española Hispanoil y hoy gestiona la norteamericana Mobil Oil. El Gobierno guineano ingresa por este concepto miles de millones de pesetas, una bonanza económica que ha disparado las tasas de crecimiento de una de las economías más Pobres de África y la codicia de los países vecinos.