Canadá consulta al Supremo si la secesion de Quebec debe ser votada por todo el país
El debate político Canadá-Quebec se ha trasladado a los tribunales. El Gobierno de Ottawa ha decidido dar esta semana un paso arriesgado: preguntar al Tribunal Supremo si la provincia francófona tiene derecho legal a decidir su independencia del resto del país sin contar con la opinión de todos los canadienses. Los líderes nacionalistas y separatistas de Quebec han ignorado este paso, hasta el punto de que el alto tribunal se ha visto obligado a nombrar un abogado de oficio para que defienda la tesis independentista.
El Gobierno federal del primer ministro liberal Jean Chrétien aseg...
El debate político Canadá-Quebec se ha trasladado a los tribunales. El Gobierno de Ottawa ha decidido dar esta semana un paso arriesgado: preguntar al Tribunal Supremo si la provincia francófona tiene derecho legal a decidir su independencia del resto del país sin contar con la opinión de todos los canadienses. Los líderes nacionalistas y separatistas de Quebec han ignorado este paso, hasta el punto de que el alto tribunal se ha visto obligado a nombrar un abogado de oficio para que defienda la tesis independentista.
El Gobierno federal del primer ministro liberal Jean Chrétien asegura que tan sólo busca una opinión legal, pero la esencia de sus tres preguntas ha alarmado a los quebecois. ¿Permite la Constitución canadienses la separación unilateral de Quebec?; ¿otorga el derecho internacional ese derecho?; ¿en caso de conflicto, cuál de las dos normas debe imperar? La tesis de los abogados del Gobierno es clara: una eventual independencia de Quebec afecta a la unidad de Canadá y por tanto a la vida de todos los canadienses. Ése es el motivo por el que ellos deberían ser consultados también en un hipotético referéndum. Lo que desea el Gobierno federal es evitar la situación creada en la consulta de 1995, cuando las tesis pro independentistas estuvieron a punto de triunfar en Quebec.Ottawa no niega a Quebec el derecho a la autodeterminación, dicen los abogados del Gobierno, pues la Constitución no declara indivisible el país, que tiene una organización federal en la que conviven diez provincias y dos territorios. Todos son de habla inglesa excepto Quebec, que es de habla francesa. La convivencia ha pasado por numerosos avatares en los últimos 30 años.
"Hay mucha emoción en el ambiente" admitió el lunes Yves Fortier, un abogado de Montreal que representa al Gobierno canadiense, "pero nuestro argumento está basado sólo en el imperio de la ley". Quebec no lo ve así. Ni siquiera ha asignado un letrado para que defienda las posiciones contrarias; por ello, el Supremo se vio forzado a nombrar uno de oficio. La estrategia del Gobierno de Quebec ha sido la movilización. Algunos observadores políticos estiman que Ottawa juega con fuego, pues este procedimiento legal, que podría durar varios meses, favorece la agitación nacionalista. El conflicto político y legal, de plan tearse en un nuevo referéndum, sería muy grave y de compleja solución.
Un diario quebecois separatista, Le Devoir, asegura esta semana en un editorial, que una decisión del Tribunal Supremo limitando el derecho a la independencia de la provincia francófona demostraría que "la moralidad no estaría ya de parte de la ley canadiense". Se trata de una clara declaración de intenciones. El ministro de Quebec de asuntos interprovinciales, Jacques Brassard, en una línea más política, dijo algo similar: que los siete millones de ciudadanos de Quebec no deben preocuparse por estas maniobras legales, pues ellos son los únicos que "tienen derecho a decidir su futuro".
Ofensiva en dos fases
Esta ofensiva del Gobierno central no es nueva. En septiembre del año pasado, después de dos años de armisticio, el Gobierno Chrétien cambió de táctica, endureciendo su posición. En una reunión de todas las provincias y territorios, las de lengua inglesa (Quebec boicoteó el encuentro) decidieron reconocer las diferencias culturales de la provincia francófona, "su carácter único y su derecho a proteger su lengua y cultura", pero rechazaron otorgarle un estatuto especial.En aquella reunión, los jefes de los Gobiernos locales de las nueve provincias anglófonas y de los dos territorios acordaron realizar consultas públicas para determinar el sistema de referendos locales que permitiera alterar el estatuto de Quebec, con el fin de otorgarle más autonomía. Quebec estima que esa iniciativa tenía por objeto ampliar los poderes de las regiones y diluir así las nuevas que reclama Quebec.
El paso dado ahora no es contradictorio con la otra estrategia, pero ambas van en la dirección de limitar el derecho a la audeterminación de Quebec.