Los funcionarios superiores, contra el Estatuto de la Función Pública
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) expresó ayer, en un comunicado, su oposición al anteproyecto de Estatuto de la Función Pública, destinado a regular -las relaciones entre los funcionarios y la Administración. FEDECA, a la que pertenecen entre otras, las asociaciones de técnicos superiores, de inspectores de Hacienda, de abogados del Estado y de diplomáticos, considera que el anteproyecto desprofesionaliza la Administración, beneficia la libre designación y consolida retribuciones exiguas. Frente a la posición de FEDECA, los ...
La Federación de Asociaciones de Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (FEDECA) expresó ayer, en un comunicado, su oposición al anteproyecto de Estatuto de la Función Pública, destinado a regular -las relaciones entre los funcionarios y la Administración. FEDECA, a la que pertenecen entre otras, las asociaciones de técnicos superiores, de inspectores de Hacienda, de abogados del Estado y de diplomáticos, considera que el anteproyecto desprofesionaliza la Administración, beneficia la libre designación y consolida retribuciones exiguas. Frente a la posición de FEDECA, los sindicatos UGT, CC OO y CSI-CSIF han adelantado, según Efe, que el próximo día 10 suscribirán un acuerdo con la Administración para el desarrollo legal del borrador del estatuto.
La firma del documento supondrá "el pistoletazo de salida" del proyecto, según ha declarado el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda. Éste valoró el contenido de la iniciativa, aunque reconoció que "es imposible que coincida con el gusto de todos" y recordó que es fruto de Iargas y duras negociaciones" que empezaron en marzo y que sufrieron numerosos altibajos. La firma del acuerdo se producirá con motivo de la celebración de la Mesa de la Función Pública, convocada por el Ministerio de Administraciones Públicas y, según Lacuerda, el acto debe servir para llevar "a buen puerto" la iniciativa, que no debe quedarse en "propaganda de un día". Para los sindicatos, lo más importante de la iniciativa es que garantiza jurídicamente el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios.