Soluciones imaginativas

En el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián celebrado anteayer, una concejala del PP -conmovida aún por el reciente asesinato a manos de ETA del matrimonio Jiménez-Becerril- manifestó su airada protesta ante la actitud "de pitorreo" de los ediles de HB; también descargó su indignación contra el alcalde socialista Odón Elorza por tolerar la provocadora exhibición que esos concejales suelen hacer en los actos oficiales de símbolos e iconos asociados a la banda terrorista. El cruce de acusaciones posterior entre el PSOE y el PP no hace sino mostrar la inviabilidad práctica (y seguramente la ind...

En el pleno del Ayuntamiento de San Sebastián celebrado anteayer, una concejala del PP -conmovida aún por el reciente asesinato a manos de ETA del matrimonio Jiménez-Becerril- manifestó su airada protesta ante la actitud "de pitorreo" de los ediles de HB; también descargó su indignación contra el alcalde socialista Odón Elorza por tolerar la provocadora exhibición que esos concejales suelen hacer en los actos oficiales de símbolos e iconos asociados a la banda terrorista. El cruce de acusaciones posterior entre el PSOE y el PP no hace sino mostrar la inviabilidad práctica (y seguramente la indeseabilidad teórica) de cualquier intento de silenciar un debate público sobre los medios adecuados para llevar adelante los fines que las fuerzas democráticas acordaron hace diez años en el Pacto de Ajuria Enea con el propósito de dar una respuesta unitaria al terrorismo.Cada vez que un nuevo atentado de ETA muestra -como ha ocurrido con el doble crimen de Sevilla del pasado viernes- la crueldad fanática de la banda terrorista vuelven a escucharse voces que exigen el final inmediato de esa pesadilla mediante fórmulas rápidas y expeditivas. Al comienzo de la transición, el atajo propuesto por los impacientes atravesaba territorios pre-democráticos o ajenos al Estado de Derecho: el restablecimiento de la pena de muerte, la ocupación militar del País Vasco o las operaciones de guerra sucia. La interiorización de los valores constitucionales y la comprobación de los nefastos y contraproducentes efectos de los crímenes de los GAL (tan aplaudidos en su día por algunos políticos y publicistas que sólo los denunciarían años después de haber sido perpetrados) han puesto en minoría a ese tipo de arbitristas. Durante la anterior legislatura, el PP incorporó al recetario de medicinas mágicas el cumplimiento íntegro de las condenas de los terroristas; él pacto de investidura con el PNV y la experiencia del poder han disuadido a los populares de aplicar esa pócima milagrosa.

En un brusco bandazo, la solución imaginativa a la moda exhorta a una salida negociada del conflicto a través de una tercería neutral. Tal propuesta de negociación no debe ser confundida con el final dialogado de la violencia y las vías de inserción recomendados por el Pacto de Ajuria Enea para el supuesto (hoy inexistente) de que ETA abandonase las armas y sus miembros aceptaran los cauces democráticos. La nueva solución imaginativa implica que el Estado de Derecho y la voluntad abrumadoramente mayoritaria de los ciudadanos (vascos y españoles) deberían negociar en pie de igualdad con una banda criminal respaldada a lo sumo por 150.000 electores. Dado que las reivindicaciones de ETA incluyen la anmistía de sus 500 presos, la reforma de la Constitución y la incorporación de Navarra a la comunidad autónoma vasca, en un proceso que debería conducir indefectiblemente a la plena soberanía de Euskadi, resulta evidente que las ofertas de tregua y los llamamientos a la negociación lanzados de vez en cuando por la banda terrorista no son propuestas de paz sinceras sino estratagemas maquinadas simplemente para dar ánimo a los votantes de HB, provocar la desunión de los demócratas y proseguir la espiral de la violencia asesina.

Algunos defensores de esa solución imaginativa negociadora son ex altos cargos de la Seguridad del Estado (víctimas tal vez de un ataque de mala conciencia causado por su deficiente gestión como responsables policiales), eclesiásticos equidistantes entre el Estado de Derecho y la banda terrorista (posibles adelantados de una variante vasca de nacionalcatolicismo) y profesionales de la intermediación (financiados con recursos presupuestarios o ansiosos de gloria mediática). Abstracción hecha de la buena fe y de los nobles motivos presumibles en sus promotores, hay sólidas razones para creer que esa solución imaginativa no sólo no pondría fin al terrorismo sino que reforzaría su amenazadora presencia.