Un cadáver olvidado

Ana Pérez y José Sánchez, un humilde matrimonio jubilado de Entrevías, han vivido una pesadilla desde que el mayor de sus siete hijos, José Luis, de 34 años, desapareció del hogar, familiar un 5 de mayo de 1994. Durante más de un año le buscaron y colocaron fotografías suyas por media España (incluso estuvieron en el programa ¿Quién sabe dónde?). Al año de dado como desaparecido, la familia descubrió que José Luis no había desaparecido, sino que estaba enterrado en un desangelado nicho del cementerio de Carabanchel. ¿Qué había pasado? Pues que al día siguiente de faltar a casa, José Lui...

Ana Pérez y José Sánchez, un humilde matrimonio jubilado de Entrevías, han vivido una pesadilla desde que el mayor de sus siete hijos, José Luis, de 34 años, desapareció del hogar, familiar un 5 de mayo de 1994. Durante más de un año le buscaron y colocaron fotografías suyas por media España (incluso estuvieron en el programa ¿Quién sabe dónde?). Al año de dado como desaparecido, la familia descubrió que José Luis no había desaparecido, sino que estaba enterrado en un desangelado nicho del cementerio de Carabanchel. ¿Qué había pasado? Pues que al día siguiente de faltar a casa, José Luis, supuestamente, se había lanzado al vacío desde un puente de la carretera de Valencia. ¿Y por qué no lo sabía su familia? Pues porque nadie les había avisado. Ni el juez ni la policía, a pesar de que el difunto llevaba su DNI en el bolsillo de la camisa cuando, como se supone, se lanzó desde el puente. En el DNI figuraba claramente el domicilio familiar.La de José y Ana es la historia de una familia de Entrevías que se ha visto vapuleado por la maquinaria de la Administración, la judicial y la policial. De hecho, tres años después, el Ministerio del Interior ha admitido su error por no haber avisado a los padres y está dispuesto a indemnizarles por "el perjuicio causado", que atribuye a los agentes de la comisaría de La Estrella que se quedaron el DNI tras el levantamiento del cadáver y olvidaron avisar a los padres.

El surrealista calvario de esta familia comienza el 5 de mayo de 1994. Aquella noche, José Luis no llegó a casa. Inquietos, los padres preguntaron por él en todos sitios: hospitales, comisarías, policía municipal, Anatómico Forense... Nadie sabía nada. Al día siguiente, el 6 de mayo, un policía comentó a los padres que dejasen pasar un tiempo y, si José Luis no daba señales de vida, denunciaran su desaparición. Finalmente, contactaron con el inspector jefe del área de personas desaparecidas, Miguel Martínez, quien se hizo cargo de la investigación. Durante un año el cruce de llamadas entre el inspector y la familia se tornó esperpéntico.

La familia llamaba todas las semanas al inspector en busca de alguna novedad. Al ver que las respuestas negativas se sucedían, acudieron al programa ¿Quién sabe Dónde?

Falsas pistas

Algún telespectador llamó al programa televisivo y dijo haber visto a José Luis por la zona de Valencia y Alicante. Era una pista falsa que sólo contribuyó a enredar aún más a la familia. No obstante, los padres se agarraron a esa pista y viajaron a ambas capitales. Desconsolados, regresaron días después a Madrid, tras inundar ambas ciudades con fotografías de José Luis.El 14 de marzo de 1995, sonó el teléfono en casa del matrimonio. Era el inspector Martínez, quien les comentó que unos colegas policías habían visto a José Luis por la zona de la calle de Orense. "Le han visto, pero no hemos podido retenerle porque no ha cometido ningún delito y es mayor de edad", comentó, siempre según la versión de la familia. José, Ana y sus otros seis hijos efectuaron en las semanas siguientes una infructuosa batida por esa zona.

Así estuvieron hasta que, otro día, volvió a sonar el teléfono. Esta vez el inspector les comentó que habían identificado en Entrevías a una persona que podía ser José Luis. La familia, harta de buscar por la zona de Orense, entró en cólera. "¿Por qué no nos han avisado?", se quejaron. Precisamente, ellos viven en ese barrio. Fotografía en mano, preguntaron en bares, asociaciones... Tampoco hubo suerte.

Días después del enfado, el inspector Martínez volvió a telefonear. Lo de Entrevías, les dijo, también había sido una falsa alarma. Pasaban los meses y el solivianto familiar crecía. En la Semana Santa de 1995, y ante la falta de pistas, José y Ana decidieron hacer una nueva visita al inspector Martínez. Como no estaba, le dejaron el recado. Sería la última visita sin noticias. El 6 de junio de 1995 (13 meses después de la desaparición) llegó la terrible realidad. Ana, una de las hermana de José Luis, solicitó en el registro un certificado de empadronamiento. Lo necesitaba para acceder a una vivienda de protección oficial. Su sorpresa fue mayúscula cuando el funcionario le extendió un documento en el que José Luis figuraba de baja del padrón por defunción. Llorando, la hermana corrió a casa de sus padres, que inmediatamente telefonearon al inspector. Éste, extrañado, les dijo: "Mañana voy a ir al registro a ver que pasa".

Tres días después, el inspector les pidió que se presentaran en su despacho. "Quiero hablar personalmente con ustedes", les dijo. Y así fue: "José Luis falleció hace un año", les comentó el inspecor. La familia no le creía: "¿Tienen pruebas de eso?", inquirió. El inspector pidió a un subordinado que subiese del archivo el expediente de José Luis. Luego les mostró varias fotografías del cadáver tendido en el asfalto y les facilitó el lugar exacto en que estaba. La versión oficial, un suicidio. Para más información, les remitió al Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, cuyo titular es Julio de Diego López, el juez que estaba de guardia el día en que se produjo la muerte.

Al llegar al juzgado, un funcionario les dijo que José Luis se había suicidado. "Nos trataron con muy malos modos", recuerda la madre de José Luis. "Intentamos hablar con el juez, pero no nos recibió", agregó ayer. "Además, no nos dejaron ver los papales del juzgado hasta que no tuviéramos un abogado". Paloma Sánchez, la otra hermana de José Luis, no pudo aguantar más y montó en cólera. "Encima de que nos enteramos 13 meses después de que mi hermano está muerto, ahora nos dicen esto", espetó al funcionario que la atendió. Paloma fue al decanato de los juzgados y presentó una queja. Aún espera la respuesta. Este periódico intentó ayer, sin éxito, hablar con el juez.

En manos de la abogada

La familia decidió entonces poner el caso en manos de la abogada Esperanza Marcos Juárez. Cuando alguien fallece en extrañas circunstancias, lo lógico es que el juez contacte con la familia y le ofrezca personarse. En este caso, "ni se hizo ofrecimiento de acciones, ni se comunicó la defunción a la familia ni el juez", subraya Marcos, "acudió al lugar para levantar el cadáver".Y se basa en un atestado policial de la Comisaría de La Estrella en el que se indica que "el juzgado [al ser informado de la muerte] comisionó a un furgón del Anatómico Forense para que trasladase el cadáver". El juez, según consta en ese atestado, no acudió al levantamiento del cadáver porque a esa misma hora se hallaba en otro lugar de Madrid interviniendo en un caso similar, agrega la letrada. Ese atestado lo hicieron los mismos policías de la comisaría de La Estrella que se quedaron con el DNI del difunto. Y que son los que debieron avisar a la familia. En una cámara frigorífica del Anatómico Forense estuvo el cadáver durante un mes, hasta que el juez dio orden de que fuese inhumado. El sepelio fue con cargo a la beneficencia.

Lamentos de una madre

Ana, la madre de José Luis, tiene el corazón destrozado por el dolor. Llevaba años pagando la póliza de una funeraria por si a su hijo alguna vez le ocurría algo y ella faltaba. Ahora, su pena es que hayan tenido que enterrarle "por la caridad". "Y que no me hayan dado la oportunidad de velarle y llorarle", se lamentaba ayer. Casi dos años tardó en ver el cadáver de su hijo, del que ya sólo quedaban los huesos. Fue cuando lo exhumaron para la segunda autopsia, en octubre de 1995.Pero las vicisitudes de esta familia no quedan ahí: José Luis, que asistía periódicamente a un psiquiatra para que le suministrara su medicación, tenía una pensión de 36.160 pesetas al mes. Con ese dinero ayudaba al sostén familiar, que se completaba con la paga de jubilado de su padre. Durante su desaparición, la familia siguió cobrándola, al igual que pagando a la funeraria la cuota correspondiente. Ahora, la Seguridad Social le reclama la devolución de ese dinero "por indebidamente percibido".

A la abogada de la familia le asaltan muchas preguntas: "¿Cómo es posible que la policía no consultara durante la búsqueda el registro civil? ¿Por qué no se comunicó a la familia su defunción si en el bolsillo del cadáver llevaba su DNI y la dirección?". "Mis clientes", añade, "han sufrido un terrible daño moral por este funcionamiento anormal de la Administración".

Así lo hizo saber hace tiempo al Ministerio del Interior en una demanda en la que reclamaba una indemnización de cinco millones de pesetas para la familia "por el grave perjuicio causado". La única satisfacción que han recibido los padres tras esta esperpéntica odisea, llegó por correo el pasado 26 de noviembre. Interior admitía que los policías de la comisaría de La Estrella habían incurrido en "responsabilidad por no haber dado aviso a la famillares de la aparición del cadáver" de José Luis, a pesar de que "entre la documentación que éste portaba", señala Interior, "figuraba el DNI" del difunto. En la misma carta, Interior insta a la familia a que aporte las facturas y comprobantes" de que disponga para abonarlo y reponer así el perjuicio causado.

"Pero no habla de resarcir los daños morales y psíquicos causados a los padres y hermanos", matiza la letrada. Lo que el dinero no podrá apagar, sea cual sea la cantidad que finalmente Interior decida entregar a la familia en concepto de responsabilidad patrimonial, "es la pena de la madre por no haber podido velar y llorar la muerte de su hijo José Luis", apostilla Marcos. "Voy al cementerio, miro la tumba y me digo: ése no es mi hijo", contó anoche la madre.