El Congreso limita las inspecciones, fiscales a un año, salvo casos de gran complejidad
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de Derechos y Garantías del Contribuyente (el Estatuto del Contribuyente), en el que se establece que las inspecciones fiscales deben durar como máximo un año, incluida la liquidación de la deuda tributaria. Ese plazo podrá llegar a dos años en los casos de especial complejidad", de los que se hace una referencia general que habrá de concretarse, en un posterior reglamento.Entre esas excepciones estarán las empresas con un elevado volumen de operaciones, que no se ha determinado aún, al igual que los grupos consolidados. De ...
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer el proyecto de ley de Derechos y Garantías del Contribuyente (el Estatuto del Contribuyente), en el que se establece que las inspecciones fiscales deben durar como máximo un año, incluida la liquidación de la deuda tributaria. Ese plazo podrá llegar a dos años en los casos de especial complejidad", de los que se hace una referencia general que habrá de concretarse, en un posterior reglamento.Entre esas excepciones estarán las empresas con un elevado volumen de operaciones, que no se ha determinado aún, al igual que los grupos consolidados. De la misma forma, se podrán consumir dos años en la inspección cuando las actividades que se investigan se hayan realizado en lugares dispersos, así como para aquellas empresas que tributan en el régimen de transparencia fiscal internacional.
Otra de las excepciones se producirá cuando durante el proceso de inspección se descubra que el investigado ha ocultado alguna de sus actividades empresariales o profesionales.
También se acordó ayer que el nuevo plazo de prescripción de las deudas fiscales de cuatro años, apoyado por todos los grupos salvo IU, entre en vigor el 1 de enero de 1999 y no de forma inmediata, como figuraba en el proyecto de ley original.
De esta forma, el Ministerio de Economía y Hacienda tendrá todo el año próximo para adecuar los planes de inspección, de manera que los fraudes cometidos en 1992 no queden impunes. Esta modificación se aprobó con los votos en contra del PSOE y la abstención de Izquierda Unida.