El director de 'El Mundo' denuncia en un juzgado el reparto de un vídeo que afecta a su intimidad
El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, presentó el jueves una denuncia en el juzgado de guardia de Madrid en la que solicitaba la intervención cautelar de decenas de vídeos que estaban preparados en Correos para su distribución y cuyo contenido suponía un grave atentado contra su intimidad.
La denuncia fue atendida por la juez Ana Revuelta, titular del Juzgado de Instrucción 28 de Madrid, que ese día estaba al frente del juzgado de guardia. Revuelta, tras visualizar uno de los vídeos, ordenó a la policía la intervención de las grabaciones que hubiese en la oficina...
El director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, presentó el jueves una denuncia en el juzgado de guardia de Madrid en la que solicitaba la intervención cautelar de decenas de vídeos que estaban preparados en Correos para su distribución y cuyo contenido suponía un grave atentado contra su intimidad.
La denuncia fue atendida por la juez Ana Revuelta, titular del Juzgado de Instrucción 28 de Madrid, que ese día estaba al frente del juzgado de guardia. Revuelta, tras visualizar uno de los vídeos, ordenó a la policía la intervención de las grabaciones que hubiese en la oficina de Correos que se citaba en la denuncia.
Fuentes policiales confirmaron a EL PAÍS que el pasado jueves recibieron instrucciones de la juez Revuelta para que dos agentes de la Unidad de Policía Judicial adscrita a los juzgados de la plaza de Castilla acompañasen a una comisión judicial hasta una oficina de Correos. Los funcionarios retiraron varios paquetes, basados en el dato de que los vídeos "estaban envueltos en sobres grandes", y "que iban destinados a diversas personas de relevancia pública".
Para la intervención de los vídeos, la magistrada se basó en el artículo 197 del nuevo Código Penal, que castiga con penas de hasta cuatro de años de cárcel a quien descubra o revele los secretos o la intimidad de otra persona sin su consentimiento. El apartado 5 de ese artículo castiga con una pena de entre dos y cuatro años de prisión a quien revele "la ideología, religión, creencia, salud, origen racial o vida sexual" de otra persona.