El grupo catalán exige que los asilados no puedan ser devueltos a su país de origen para ser juzgados

El Grupo de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso de los Diputados presentó ayer 116 enmiendas al proyecto de ley orgánica de cooperación penal internacional, que tiene 133 artículos y que se debatirá próximamente. De acuerdo con lo que anunció en su día de "darle la vuelta como a un calcetín", la coalición nacionalista catalana condiciona su apoyo final a la ley a que se acepten enmiendas fundamentales como impedir la extradición de refugiados o asilados a su país de origen "sin más limite que el que los hechos en los que se base la solicitud no sean los mismos que justificaron el asilo". ...

El Grupo de Convergència i Unió (CiU) en el Congreso de los Diputados presentó ayer 116 enmiendas al proyecto de ley orgánica de cooperación penal internacional, que tiene 133 artículos y que se debatirá próximamente. De acuerdo con lo que anunció en su día de "darle la vuelta como a un calcetín", la coalición nacionalista catalana condiciona su apoyo final a la ley a que se acepten enmiendas fundamentales como impedir la extradición de refugiados o asilados a su país de origen "sin más limite que el que los hechos en los que se base la solicitud no sean los mismos que justificaron el asilo". El propio Jordi Pujol advirtió: "Si no se aceptan las enmiendas en una proporción muy alta, altísima, no apoyaremos el texto".

Ignasi Guardans, diputado del grupo catalán, insistió ayer en que mantendrán una actitud de absoluta firmeza frente al proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y que el jueves de la semana pasada salvó el trámite de enmiendas a la totalidad precisamente con el apoyo de Convergència i Unió, pero con la advertencia expresa de que era necesario cambiarlo sustancialmente. Al ser orgánica, esta ley precisa mayoría absoluta para su aprobación definitiva.CiU hizo público ayer un extenso comunicado en el que explica que coincide con las denuncias de Amnistía Internacional y con los razonamientos del Consejo de Estado y del Consejo General del Poder Judicial en que el proyecto de ley del Gobierno "puede vaciar de contenido el derecho de asilo" y, aunque aceptan que no puede establecerse "la absoluta impunidad internacional de los asilados", han presentado una enmienda por la cual "la extradición de asilados o refugiados en España sólo podrá concederse a un Estado distinto del Estado de origen del asilado o refugiado o de aquél en relación con el cual se accedió a la solicitud de asilo o refugio".

Además, CiU exige que la extradición quede condicionada a la plena garantía de que "el reclamado no será reextraditado a su Estado de origen y de que, si resulta condenado, será transferido a España para el cumplimiento de su condena".

Otro grupo de enmiendas trata de conseguir garantías suficientes en lo relativo a la extradición de personas procesadas en el extranjero en rebeldía, es decir en su ausencia, y para los supuestos en que la pena que se imponga en el extranjero sea la de muerte, reclusión a perpetuidad o bien condenas inhumanas o degradantes.

El grupo catalán informa en su nota que exige suprimir la posibilidad de que el Ministerio de Justicia, sin procedimiento contradictorio ni derecho de defensa, pueda considerar que en ciertos casos la nacionalidad española ha sido adquirida de forma fraudulenta" tal y como se regula en el proyecto enviado por el Gobierno.

El compromiso de Pujol

CiU defenderá un segundo bloque de enmiendas que afectan a lo que considera "importantes deficiencias de técnica jurídica del proyecto de ley" y explica que, "al transcribir literalmente determinados tratados internacionales -algunos no están ni siquiera en vigor-, parece en ocasiones como si desde España se impusieran obligaciones a otros Estados".En definitiva, CiU afirma que su grupo parlamentario está "firmemente comprometido" a que el texto final que se convierta en ley "sea una norma acorde con la Constitución, con el Estado de derecho y con los compromisos internacionales asumidos por España". Además, recuerda su tradición "en la defensa de los derechos de los asilados con el objeto de corresponder a la interpretación generosa que, después de la guerra civil, muchos países hicieron con los exiliados españoles".

El propio Jordi Pujol se comprometió ayer ante el Parlamento catalán, informa Carles Pastor, a no permitir que la ley salga del Congreso como ha entrado: "O es al 100% democrática o forzaremos su retirada".

Durante el debate de política general, los partidos de izquierda criticaron que CiU hubiese aceptado la tramitación del polémico proyecto. Ángel Colom, del Partit per la Independència, había dicho que, si una ley así hubiera estado en vigor en México, Venezuela o Francia en 1939, numerosos exiliados republicanos españoles habrían sido entregados a Franco y fusilados. Pujol dijo que comprende perfectamente esas críticas. "Por tradición familiar, me siento muy cerca de lo que ha dicho", contestó a Colom y admitió que a él le habría sido más cómodo rechazar la ley, pero aceptó la táctica de sugrupo, ya utilizada otras veces, de aceptar su tramitación para enmendarla después. Así, advirtió respecto a las enmiendas presentadas que, "si no se aceptan en una proporción altísima y se cambia el redactado totalmente, la ley deberá ser retirada.

A su vez, la eurodiputada y responsable de Cooperación del PSOE, Francisca Sauquillo, anunció que el Grupo Socialista presentará asimismo una enmienda a la totalidad con texto alternativo al proyecto. Para ella, el del Ejecutivo cuenta con aspectos positivos, pero también con deficiencias y es "conservador" porque "respalda lo que ya existe y no ofrece propuestas de cambio".