Comienza el juicio contra los acusados de un triple crimen

Los dos hombres acusados del triple crimen de Alcalá de Henares, ocurrido el 15 de agosto de 1995, negaron ayer ante el tribunal que les juzga ser los autores de los asesinatos e indicaron que las supuestas pruebas que pesan sobre ellos son un montaje urdido por la policía para incriminarles. Dos empresarios valencianos y un ciudadano camerunés fueron hallados ese día dentro de un coche calcinado en las inmediaciones del monte Gurugú de Alcalá. Los tres cadáveres estaban en el asiento trasero de un vehículo que fue incendiado. Las víctimas recibieron 16 disparos a bocajarro.Los procesados -Ant...

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Los dos hombres acusados del triple crimen de Alcalá de Henares, ocurrido el 15 de agosto de 1995, negaron ayer ante el tribunal que les juzga ser los autores de los asesinatos e indicaron que las supuestas pruebas que pesan sobre ellos son un montaje urdido por la policía para incriminarles. Dos empresarios valencianos y un ciudadano camerunés fueron hallados ese día dentro de un coche calcinado en las inmediaciones del monte Gurugú de Alcalá. Los tres cadáveres estaban en el asiento trasero de un vehículo que fue incendiado. Las víctimas recibieron 16 disparos a bocajarro.Los procesados -Antonio López Cerezo, venezolano nacionalizado español, de 40 años, y Vassil Mikolov Baklarov, de nacionalidad búlgara, de 30 años- expusieron al tribunal que la noche en que se produjo el triple crimen no se movieron de Madrid. Según ellos, estuvieron juntos casi toda la noche tomando algunas copas con motivo de las fiestas de La Paloma.

La fiscal del caso no les cree. De hecho, pide para cada uno de ellos cerca de 100 años de cárcel por tres asesinatos y tenencia ilícita de armas. La identidad de los cadáveres correspondía a dos empresarios valencianos -José Luis Izquierdo Cebollada (de 27 años) e Ignacio Riber Rocher (de 40)- y al ciudadano camerunés Leopold Toukan, de unos 25 años.

Máquina de hacer dinero

El móvil del triple crimen que barajan el fiscal y el abogado de la familia de las víctimas, Juan Manuel Arroyo, es un timo fallido. Es decir, que las víctimas habrían tratado de timar a los acusados ofreciéndoles, a cambio de una cantidad de dinero, un ingenio mecánico capaz de falsificar "y multiplicar dinero". Y que los acusados, como respuesta al timo, decidieron matarlos.

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La fiscal no excluye tampoco que la víctima del supuesto timo fuera una tercera persona que, como represalia, utilizase a los acusados, amigos suyos, para vengarse de los dos empresarios y del ciudadano camerunés. Las tres víctimas residían en Valencia y, según la fiscal, se desplazaron a Madrid ese mismo día para mostrar a los acusados la eficacia de la máquina de falsificar dinero.

Los abogados defensores sostienen la inocencia de los acusados. Aseguran que los registros efectuados en casa de uno de los acusados, donde se hallaron las armas supuestamente empleadas en los crímenes, están plagados de irregularidades. En ellos, la policía se incautó de una pistola, un revólver y varias escopetas con los cañones recortados supuestamente utilizadas en los crímenes. También de tacos de papel en blanco, de dimensiones parecidas a los billetes de curso legal. A las preguntas de cómo explicaban el hallazgo en sus casas de las armas y los papeles, los acusados respondieron de forma similar: "Pregúntenle a la policía". El juicio se inició ayer en la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Madrid y concluirá a finales de mes.

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