Los sindicatos temen que la reforma sanitaria elimine la red pública de atención a enfermos crónicos y ancianos
Sindicatos y asociaciones sanitarias coincidieron ayer en advertir sobre el riesgo de que la asistencia sociosanitaria -cuidado de ancianos y enfermos crónicos- recaiga en manos del sector privado, tras conocer las conclusiones para reformar la sanidad. "El Ministerio de Sanidad se había comprometido a crear una red sociosanitaria que fuera pública y habían surgido muchas expectativas entre la sociedad y en un sector donde empieza a tener mucho protagonismo la empresa privada", lamentó Ramón Ortega, de UGT. En el año 2000, se estima que un 15% de los españoles será mayor de 65 años y la poblac...
Sindicatos y asociaciones sanitarias coincidieron ayer en advertir sobre el riesgo de que la asistencia sociosanitaria -cuidado de ancianos y enfermos crónicos- recaiga en manos del sector privado, tras conocer las conclusiones para reformar la sanidad. "El Ministerio de Sanidad se había comprometido a crear una red sociosanitaria que fuera pública y habían surgido muchas expectativas entre la sociedad y en un sector donde empieza a tener mucho protagonismo la empresa privada", lamentó Ramón Ortega, de UGT. En el año 2000, se estima que un 15% de los españoles será mayor de 65 años y la población de más de 80 años será el doble; ahora, un 40% de las camas de los hospitales públicos están ocupadas por ancianos y pacientes crónicos, que no necesitan asistencia sanitaria. Ambos diagnósticos, que han desaparecido del documento final de reforma sanitaria -apoyado por PP, CiU, PNV y Coalición Canaria, sin el PSOE e IU-justificaban la necesidad de crear 30.000 camas para estos pacientes.Contando solamente con, los enfermos de Alzheimer hay en España 400.000, según la asociación de enfermos de Alzheimer (AFAL). No sólo se introduciría un factor de desigualdad, -el paciente que tenga más capacidad económica recibirá los cuidados de un servicio privado-, criticó Marciano Sánchez Bayle, de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Además, "en el fondo reducen las prestaciones y mandan a casa a personas que ahora son atendidas por el sistema público y fomentan una red que en ningún sitio dice su titularidad". Y antes de incentivar fiscalmente la ayuda familiar, CC OO pidió precaución.
Sí hay una referencia a la contribución económica de estos pacientes a su asistencia. "Vuelven a introducir el copago", dijo Pedro Torrejón, del sindicato de enfermería SATSE. El ministro de Sanidad, José Manuel Romay, negó ayer que fuera a haber recortes. Pero el secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, pidió que se aclare si los pensionistas "tendrán que pagar parte de los medicamentos".