Ejecutados cuatro presos en Japón en plena polémica sobre la pena capital
La Justicia japonesa ejecutó a cuatro personas condenadas por delitos de sangre, entre ellas un conocido escritor de novelas y poemas que era menor de edad en el momento del crimen, lo que ha reavivado la polémica sobre la pena de muerte y el tratamiento jurídico de los menores. Como es habitual en Japón, las ejecuciones se realizaron sin previo aviso a los condenados ni a sus familias, que en algunos casos han vivido la angustiosa incertidumbre sobre su destino durante cerca de 30 años.
Después de que las salas de ejecución japonesas hubieran estado ocho meses inactivas, esta notic...
La Justicia japonesa ejecutó a cuatro personas condenadas por delitos de sangre, entre ellas un conocido escritor de novelas y poemas que era menor de edad en el momento del crimen, lo que ha reavivado la polémica sobre la pena de muerte y el tratamiento jurídico de los menores. Como es habitual en Japón, las ejecuciones se realizaron sin previo aviso a los condenados ni a sus familias, que en algunos casos han vivido la angustiosa incertidumbre sobre su destino durante cerca de 30 años.
Después de que las salas de ejecución japonesas hubieran estado ocho meses inactivas, esta noticia se produce en un momento en que diversas detenciones y juicios por brutales asesinatos, especialmente los cometidos por un joven de 15 años, han reactivado un agitado debate social en el que parece que las autoridades niponas han deseado dejar clara su postura de seguir manteniendo una dura política jurídica contra los criminales.
El Centro de Detención de Tokio fue escenario el viernes de dos ejecuciones por ahorcamiento, de las que se hicieron eco ayer todos los medios de comunicación locales. Hideki Kanda, de 54 años, fue condenado por haber asesinado a su padre y otras dos personas con una espada en 1985, al tiempo que Norio Nagayama, de 48 años, fue ajusticiado por una serie de cuatro asesinatos cometidos en 1968, cuando tenía 19 años de edad. En Sapporo, la capital de la norteña isla de Hokkaido, fueron ejecutados Yasurnasa Hidaka, un ex jefe de la yakuza -la mafia japonesa-, junto con su esposa Nobuko Hidaka, de 51 años, condenados por provocar un incendio que causó la muerte a seis empleados en 1984 para intentar cobrar una póliza de seguros valorada en 135 millones de yenes (cerca de 170 millones de pesetas).
Detenido en 1968
El caso de Nagayama no ha dejado de atraer la atención de la opinión pública desde que fue detenido en 1968 debido a que, pese a ser entonces menor de edad (la mayoría de edad legal japonesa está fijada en los 20 años), se le impuso una condena que suele aplicarse a adultos. La insistencia de su letrado en que la pena capital viola la Constitución -cuyo artículo 36 prohíbe la imposición de penas crueles- no prosperó ante los tribunales de Tokio.Nagayarna, que había vivido una infancia difícil durante la que no tuvo acceso a la educación, se ganó la popularidad al iniciar en la cárcel una carrera literaria que comenzó con un best seller autobiográfico en 1971, y prosiguió con otras novelas y poemarios que recibieron no sólo una cálida acogida entre los lectores, sino también un premio literario, el Yibashi, en 1983. A principios de esta década, la polémica judicial se tornó en literaria, cuando su petición de ingresar en la Asociación Japonesa de Escritores fue denegada, lo que desencadenó la baja de vanos escritores de prestigio como Kenji Nakagami.
Se espera que esta ejecución varíe el rumbo de las discusiones sobre el caso de un adolescente de Kobe, acusado de dos homicidios y otros tres frustrados cometidos entre febrero y mayo pasados. Numerosos sectores de la población han criticado la incongruencia que supone el hecho de que el protagonista de esta cadena de crímenes pueda librarse de penas de prisión o muerte por tener menos de 16 años, y se enfrente a una condena suave de dos años de estancia en un reformatorio.
Desde 1945, más de 600 personas han sido ejecutadas en Japón, mientras se estima que otras 50 esperan en las antesalas de la horca. Diversas organizaciones no gubernamentales, como Amnistía Internacional o el grupo japonés Foro 90, prosiguen sus campañas de sensibilización social y presión política para conseguir que Japón se adhiera al Tratado Internacional para la Abolición de la Pena de Muerte, firmado en 1991, y que todavía no ha llegado en este país a la fase de debate público.