Las defensas alegan la nulidad del "caso Filesa" y la prescripción de delitos
La nulidad del caso Filesa y la prescripción de los delitos fueron los principales argumentos esgrimidos ayer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los defensores de 18 de los 26 acusados en este proceso (sobre presunta financiación irregular del PSOE), en la segunda jornada de la vista preliminar que concluirá hoy. La impresión que algunos alegatos han causado en la sala permúte vaticinar que, si el proceso no se anula, los acusados que se sienten en el banquillo el próximo 3 de septiembre no pasarán de unos 10.
Abrió el turno de intervenciones Ramón Hermosilla, abogado de Luis...
La nulidad del caso Filesa y la prescripción de los delitos fueron los principales argumentos esgrimidos ayer ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo por los defensores de 18 de los 26 acusados en este proceso (sobre presunta financiación irregular del PSOE), en la segunda jornada de la vista preliminar que concluirá hoy. La impresión que algunos alegatos han causado en la sala permúte vaticinar que, si el proceso no se anula, los acusados que se sienten en el banquillo el próximo 3 de septiembre no pasarán de unos 10.
Abrió el turno de intervenciones Ramón Hermosilla, abogado de Luis Sánchez Marcos, presidente de Elsan y acusado de apropiación indebida y delito fiscal. Hermosilla reprochó a la sala que no controlara la acusación ejercida por el PP, que acusa a su patrocinado de unos delitos que, según dijo, es jurídicamente imposible imputarle, por lo que pidió que se le aparte del caso.Ascensión Joaquinet -defensora de Francisco Fajula, primer administrador de Time Export, acusado de delito contable y defraudatorio de contrato simulado- recordó que el sistema acusatorio exige por ley una acusación "precisa y determinada" para que el afectado pueda defenderse. En cambio, la acusación del PP, según la letrada, ofrece "vaguedad, insuficiencia y generalidad", lo que obliga a sobreseer el caso para este acusado.
Además, Joaquinet alegó la prescripción del supuesto delito, ya que Fajula cesó en Time Export en 1988 y hasta octubre de 1994 no se dirigió contra él la acción penal, por lo que transcurrieron más de cinco años y el presunto delito prescribió.
"Todo tiene su tiempo"
El abogado Joan Viñas, defensor de Carlos Ponsa -que vendió Time Export a Carlos Navarro y Josep María Sala-, a seguro que la presunta financiación irregular del PSOE se inició tras abandonar Ponsa la sociedad. Alegó indefensión respecto a la acusación de que Time Export financió con 8,4 millones de pesetas al PSOE, así como prescripción por haber transcurrido cinco años. No se ahorró una cita del Eclesiastés, iniciada así: "Todo tiene su tiempo...".Julián Pérez Templado -que defendió a Aida Alvarez, Miguel Molledo e Íñigo Larrazábal, empresarios vinculados al comité electoral del PSOE- se sumó al rechazo de la acusación del PP y pidió que Larrazabal quedara excluido del caso, así como la mayor parte de los delitos que se imputanban a Álvarez y Molledo, por ilicitud de los registros realizados y prescripción.
El catedrático de Derecho Penal Gonzal Rodríguez Mourullo -defensor de Eugenio Marín, directivo de Cepsa; Javier Iglesias de Elsam, y Francisco María Sardá y José Luis de la Torre, de Focsa- se adhirió a las peticiones de nulidad de actuaciones, tras recordar que el instructor Marino Barbero violentaba a los imputados al pedirles que confirmaran lo que habían declarado como testigos. Negó la posibilidad de aplicación retroactiva del delito fiscal y reprochó la discriminación "sangrante, manifiesta e insoportable" de sus defendidos respecto a directivos del BCH, excluídos del caso, tras haber regularizado también su situación fiscal.
José Mariano Benítez de Lugo -defensor de Ramón Gómez Redondo y su esposa Araceli del Grado, directivos de Mabuse- se unió a quienes rechazaron la acusación del PP, en este caso por exigir "responsabilidad penal por razón de matrimomo". Pidió anulación parcial del proceso y prescripción de los delitos para que sus defendidos queden fuera del caso, "si es que no se acuerda la nulidad de todo el proceso", apuntó.
En esa misma línea, Francesc Jofresa -defensor de José Antonio Molina Vivas, que fue presidente de Enasa- pidió la nulidad de "todos los actos de la instrucción", por ilicitud radical del material probatorio, desde la inicial denuncia de Carlos van Schowen. También invocó la prescripción de los delitos que se imputan a su defendido.