Fomento declara de "extrema urgencia y excepcional interés" el plan de autopistas
Todas las autopistas de peaje que se adjudicarán a concesionarios privados y las nuevas autovías que se construirán con el modelo de pago aplazado han sido declaradas por el Ministerio de Fomento como "extremadamente urgentes" y de "excepcional interés público", razones por las cuales ha acordado, con carácter "excepcional", su ejecución. En Segovia se han iniciado campañas de recogida de firmas para exigir que sus futuros accesos sean gratuitos y en Málaga piden que el tramo Estepona-Guadiaro sea autovía libre de pago.
En ningún manual consta que el tráfico entre Ávila y la autopista A...
Todas las autopistas de peaje que se adjudicarán a concesionarios privados y las nuevas autovías que se construirán con el modelo de pago aplazado han sido declaradas por el Ministerio de Fomento como "extremadamente urgentes" y de "excepcional interés público", razones por las cuales ha acordado, con carácter "excepcional", su ejecución. En Segovia se han iniciado campañas de recogida de firmas para exigir que sus futuros accesos sean gratuitos y en Málaga piden que el tramo Estepona-Guadiaro sea autovía libre de pago.
En ningún manual consta que el tráfico entre Ávila y la autopista A-6 sufra congestiones de infarto. Ni que los accesos a Segovia se bloqueen por acumulación de vehículos. Eso, por no mencionar la situación de Zamora. Si esto es así, si la circulación de vehículos por esos itinerarios no llega a los 5.000 diarios, los especialistas en transporte se preguntan cuál es la razón de que el Ministerio de Fomento los declare susceptibles de convertirse en autopistas de peaje con carácter "extremadamente urgente o de excepcional interés público, debidamente justificado" (BOE, 4 de junio).Sindicatos, colectivos ciudadanos y partidos como IU y el PSOE de Segovia han iniciado una campaña de recogida de 15.000 firmas para solicitar al ministro Arias-Salgado, que el acceso de la A-6 a la capital sea autovía gratuita. En Málaga, las diferentes formaciones, incluido el propio PP, han instado al Gobierno a que se licite en un plazo máximo de nueve meses la autovía de Estepona a Guadiaro (Cádiz) libre de peaje.
Lejos de estos supuestos, Fomento acordó el 25 de mayo pasado la ejecución "excepcional" de autopistas y autovías "por razones de reconocida urgencia e interés público". En la exposición de motivos para esta inusual terminología, aduce que el Plan Director de Infraestructuras (PDI), aprobado por las Cortes, "es un programa esencialmente político que no contiene ni actuaciones detalladas ni plazos precisos; no puede considerarse instrumento planificador".
Rentables y viables
Fuentes de Fomento aseguran que los funcionarios se han visto forzados a imaginar piruetas jurídicas y justificaciones plausibles para que el programa de autopistas y de autovías no vulnere la ley o resulte fácilmente recurrible.La legislación dice que para llevar a cabo una infraestructura de envergadura debe ser declarada de interés general y figurar en un plan. El legislador pretendía que no debe ser fruto de un capricho circunstancial o una decisión coyuntural de conveniencia política. Tiene que estar fundamentada por razones objetivas, como soportar un tráfico diario superior a los 8.000 vehículos, ser económicamente rentable y viable, atender necesidades previsibles a medio plazo en función de la renta per cápita regional, ser elemento estructurante de una zona o contribuir a reducir su aislamiento.
Con estos criterios se diseñó el borrador del II Plan de Carreteras que el anterior Gobierno dejó en los archivos de Fomento y el propio PDI. La política económica del Gobierno, con su compromiso de reducir el déficit para cumplir los deberes de Maastricht, ha impuesto un duro recorte a los proyectos de obras públicas. Esta caída de inversiones, unida al parón de las elecciones, ha paralizado durante más de un año el trabajo de las constructoras (y las consultoras). Así, asfixiadas por la necesidad de- obras, propusieron un plan a Fomento, que lo ha asumido casi íntegramente bajo el nombre de Programa de Autopistas de Peaje, al que aportará, en concepto de anticipos, fondos procedentes de privatizaciones.
Al no estar avalado este programa por ningún plan, Fomento se ha acogido a los resquicios de "excepcionalida" y "urgencia" que la legislación preveía para situaciones singulares con el fin de acelerar la tramitación y ganar tiempo en el inicio de las expropiaciones y las obras.
Para Emilio Pérez-Touriño, diputado portavoz del PSOE en la Comisión de Obras Públicas y ex secretario general del ministerio, el hecho tiene "connotaciones de gravedad porque cualquier actuación debe estar incluida dentro de un instrumento planificador". Pérez-Touriño califica el programa como una "improvisación" elaborada "al dictado de las constructoras" y atribuye a Fomento una dejación en el ejercicio de su función política en el diseño de una planificación lógica del transporte.
Pérez-Touriño teme que, salvo las radiales de Madrid, el resto de autopistas no será viable económicamente, ni siquiera con anticipos del 60%: "En el fondo, es una privatización encubierta porque se trata de adjudicaciones tan largas como toda una generación [75 años] de españoles". En este contexto, el diputado gallego huye de evocar la suerte del primer plan de autopistas con Franco, algunas de las cuales revirtieron al Estado por quiebra de las concesionarias.
Las autopistas declaradas "excepcionalmente urgentes" son: Santiago-Santo Domingo, Alicante-Cartagena, Astorga-León, Segovia-A6, Ávila-A6, Estepona-Guadiaro, Madrid-Guadalajara y tres radiales de Madrid. Como autovías: Tordesillas-Zamora, Albacete-Venta del Olivo y M-50 de Madrid.