El fiscal y la acusación no recurrirán

El fiscal de San Sebastián, Luis Navajas, y el abogado Íñigo Iruin, acusadores en el caso Urigoitia, anunciaron ayer que no van a presentar recurso contra el auto del juez Justo Rodríguez en el que acuerda trasladar la investigación al Tribunal Supremo para que tome declaración al ex ministro del Interior José Barrionuevo.Rodríguez llevaba desde 1995 encargado de esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la activista de ETA Lucía Urigoitia, muerta en 1987 tras un enfrentamiento con la Guardia Civil en Pasajes (Guipúzcoa). El magistrado ha considerado imputado a Barrionuevo desp...

El fiscal de San Sebastián, Luis Navajas, y el abogado Íñigo Iruin, acusadores en el caso Urigoitia, anunciaron ayer que no van a presentar recurso contra el auto del juez Justo Rodríguez en el que acuerda trasladar la investigación al Tribunal Supremo para que tome declaración al ex ministro del Interior José Barrionuevo.Rodríguez llevaba desde 1995 encargado de esclarecer las circunstancias del fallecimiento de la activista de ETA Lucía Urigoitia, muerta en 1987 tras un enfrentamiento con la Guardia Civil en Pasajes (Guipúzcoa). El magistrado ha considerado imputado a Barrionuevo después de recibir el documento del Cesid en el que se alude a la manipulación de pruebas judiciales.

La nota del Cesid, desclasificada recientemente por el Gobierno por orden de la Sala Tercera del Supremo, se refiere a la fabricación y sustitución de una serie de pruebas judiciales. El objetivo del cambio, según el citado documento, era simular que existió un tiroteo entre la activista muerta y la Guardia Civil para justificar los disparos que acabaron con la vida de Urigoitia. Las pruebas que se cambiaron, tal y como se relata en la nota, fueron unos casquillos de bala y el cañón de la pistola que empuñaba la etarra cuando se produjo el asalto al piso.

El ex director de la Guardia Civil Luis Roldán declaró que Barrionuevo le llamó, después de la desarticulación del comando, en julio de 1987, para decirle que había "algún problema" en el caso Urigoitia. Además, el abogado Jorge Argote comunicó a Roldán, según declaró en el juzgado, que se habían cambiado pruebas judiciales. El sumario se archivó y fue reabierto en 1995 después de unas informaciones periodísticas en las que se aludía a la manipulación que se había producido.