Miedo al Gobierno
"NO HAY pacto de gobernabilidad, no hay objetivo de Maastricht y del euro que pueda limitar en lo más mínimo nuestra condena en base a nuestra defensa más profunda del sistema, democrático y del Estado de derecho". Así de clara fue la advertencia lanzada ayer al Gobierno por Josep Antoni Duran i Lleida, en nombre de la coalición Convergéncia i Unió, como respuesta a la amenaza contra el presidente de Antena 3, Antonio Asensio, revelada por Felipe González y confirmada por el interesado. Si alguien desde el Gobierno amenaza con la cárcel a un empresario de comunicación -o de cualquier otro sect...
"NO HAY pacto de gobernabilidad, no hay objetivo de Maastricht y del euro que pueda limitar en lo más mínimo nuestra condena en base a nuestra defensa más profunda del sistema, democrático y del Estado de derecho". Así de clara fue la advertencia lanzada ayer al Gobierno por Josep Antoni Duran i Lleida, en nombre de la coalición Convergéncia i Unió, como respuesta a la amenaza contra el presidente de Antena 3, Antonio Asensio, revelada por Felipe González y confirmada por el interesado. Si alguien desde el Gobierno amenaza con la cárcel a un empresario de comunicación -o de cualquier otro sector- por no seguir sus designios a la hora de establecer alianzas empresariales actúa como un grupo mafioso, y no como un Ejecutivo democrático. Es lógico que los nacionalistas catalanes hayan pedido a Aznar, que gobierna con su apoyo parlamentario, explicaciones públicas y, en su caso, la adopción de medidas.El pacto alcanzado el pasado 24 de diciembre entre Antena 3, Canal + y TV-3 para la explotación conjunta de los derechos televisivos del fútbol suscitó una airada reacción de los medios de comunicación afines al Gobierno y socios de la plataforma promovida desde el Ejecutivo. Dos de dichos medios, la revista Época, que dirige Jaime Campmany, y el diario El Mundo, que dirige Pedro J. Ramírez, se lanzaron inmediatamente después de la firma a denunciar la existencia de supuestas irregularidades en el grupo de comunicación que preside Asensio y subrayaron la posibilidad de consecuencias penales. El Mundo veía en estas actividades "un delito de estafa continuada, muy similar al que llevó a la fiscalía a querellarse contra Mario Conde", según un comentario editorial publicado seis días después del pacto televisivo. Bastaron unas informaciones publicadas bajo las dos cabeceras citadas para que el asunto fuera remitido a la Fiscalía Anticorrupción.
La concatenación entre las sugerencias de ciertos medios y las actuaciones del Gobierno se ha convertido ya en una regla de comportamiento comprobada en esta legislatura, por lo que a nadie puede extrañar que González y Asensio den carta de naturaleza pública a una evidencia conocida por muchos: que algunos miembros de este Gobierno, en colusión de intereses y propósitos con un grupo de periodistas afines, se han dedicado a realizar presiones incalificables sobre empresarios privados de medios de comunicación. Las advertencias, incluso las amenazas, se han regado en tantas direcciones que los desmentidos del portavoz gubernamental carecen de credibilidad. De ahí que Asensio denunciara ayer que "en España hay miedo, hay miedo en el mundo empresarial". Ante indicios tan sólidos de comportamientos tan reprobables, no hay que preocuparse únicamente por el mal clima político, hay que inquietarse por la propia autonomía de las empresas y de los ciudadanos respecto al poder político, y, por ende, por la democracia y por las libertades de todos.
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