Retoques y otras peripecias

EL PAÍS publicó el lunes una información en la que reflejaba el contenido del anteproyecto de ley de Secretos de Estado que prepara el Gobierno. Una ley que ha tenido al menos tres versiones por diversas razones. El Ejecutivo envió su primer proyecto al Consejo General del Poder Judicial, para que lo analizase, el 23 de agosto. Aquel texto fue tan cuestionado que José María Aznar acabó por retirarlo asumiendo públicamente con ello uno de sus mayores "errores" en lo que lleva de mandato. Desde entonces, el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, acaparó la "coordinación" de esa ley en...

EL PAÍS publicó el lunes una información en la que reflejaba el contenido del anteproyecto de ley de Secretos de Estado que prepara el Gobierno. Una ley que ha tenido al menos tres versiones por diversas razones. El Ejecutivo envió su primer proyecto al Consejo General del Poder Judicial, para que lo analizase, el 23 de agosto. Aquel texto fue tan cuestionado que José María Aznar acabó por retirarlo asumiendo públicamente con ello uno de sus mayores "errores" en lo que lleva de mandato. Desde entonces, el vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, acaparó la "coordinación" de esa ley en "colaboración" con los ministerios de Defensa y Justicia.EL PAÍS publicó el lunes una segunda versión del anteproyecto. Ese mismo día, fuentes oficiales de La Moncloa precisaron a representantes de numerosos medios de comunicación, que tal texto estaba "antiguo y desfasado". Y apuntaron, enigmáticamente, que el control judicial de los secretos oficiales podrían no asumirlo sólo tres magistrados del Tribunal Supremo, en contra de lo avanzado en EL PAÍS.

Al día siguiente, martes, sólo dos periódicos, El Mundo y Abc, descifraban ese enigma. Abc publicó el texto íntegro de un tercer proyecto, ironizando con que la información de EL PAÍS estaba atrasada. Abc aclaraba, además, que el control judicial sobre los secretos de Estado corresponderá en el futuro a toda la sala tercera del Supremo (33 magistrados). El Mundo difundía también el proyecto y precisaba que el texto había sido "ultimado ayer", es decir, el lunes, el día en que EL PAÍS publicó el anteproyecto.

El martes, fuentes oficiales de Moncloa indicaron a EL PAÍS que el retoque del proyecto se originó tras asumir un dictamen del CGPJ (de noviembre) y en consenso entre el Ministerio de la Presidencia (Álvarez Cascos) y los de Justicia y Defensa. Fuentes oficiosas de Defensa y Justicia se desvincularon el mismo martes de esas innovaciones. Ayer, miércoles, emitieron sendos comunicados desmintiendo ese extremo.

En estos días, en cualquier caso, el ministro de Defensa, Eduardo Serra, se encuentra de visita oficial en EE UU. Esta ausencia es relevante en tanto que se ha identificado a Serra como contrario a desclasificar papeles oficiales (como los del Cesid) y a conceder potestad a los jueces para que arbitren sobre ello.

El Gobierno, ese martes, desmintió que hubiera en su seno discrepancias -admitió "matices o diferencias"- y negó ninguna imposición de Álvarez Cascos.

No sólo EL PAÍS publicaba ayer miércoles que los retoques de la ley, de última hora, se realizaron desde Moncloa. La Vanguardia titulaba: "Cascos impone sus tesis para que 33 jueces del Supremo resuelvan sobre los secretos oficiales". El texto explicaba que el vicepresidente había jugado de nuevo el papel de árbitro entre las diferentes posturas de la titular de Justicia, Margarita Mariscal, y de Eduardo Serra. El Periódico de Cataluña no era menos contundente: "La ley de Secretos de Estado pone de nuevo en cuestión al ministro Serra".