El lavado judicial de las notas de la guerra sucia

Los 13 papeles del Cesid cuya desclasificación ha decidido la Sala Tercera del Supremo fueron hallados el 8 de febrero de 1995 en la celda del coronel Juan Alberto Perote en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid). El juez Baltasar Garzón, en un insólito registro, se llevó de la celda del antiguo agente secreto un relato sobre la guerra sucia contra ETA, salpicado por las transcripciones textuales de las notas que Perote despachó con el entonces director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, durante los ocho años en que dirigió la Agrupación Operativa. La explicación que dio Perot...

Los 13 papeles del Cesid cuya desclasificación ha decidido la Sala Tercera del Supremo fueron hallados el 8 de febrero de 1995 en la celda del coronel Juan Alberto Perote en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid). El juez Baltasar Garzón, en un insólito registro, se llevó de la celda del antiguo agente secreto un relato sobre la guerra sucia contra ETA, salpicado por las transcripciones textuales de las notas que Perote despachó con el entonces director del Cesid, Emilio Alonso Manglano, durante los ocho años en que dirigió la Agrupación Operativa. La explicación que dio Perote fue tan sorprendente como el hallazgo: las transcripciones de los documentos se las había enviado a la celda un remitente anónimo. Ello no fue obstáculo para que Garzón incorporase las transcripciones al sumario del caso Oñederra, al igual que otros dos jueces que investigan la guerra sucia:Javier Gómez de Liaño, instructor del caso Lasa y Zabala, y Justo Rodríguez, del caso Urigoitia.Los tres jueces pidieron al Consejo de Ministros la desclasificación de los documentos, pero éste, en su reunión del pasado 2 de agosto, la rechazó. El Gobierno del PP adujo que no era procedente rectificar la decisión adoptada el 12 de enero de 1996 por su antecesor del PSOE, lo que originó durísimas críticas, debido a la actitud mantenida por el PP en la oposición.

La negativa del Gobierno a desclasificar los documentos abrió la puerta a los recursos de la acusación particular, representada por el abogado de HB. Iñigo Iruin, ante la Sala Tercera del Supremo. A pesar de que, el Tribunal de Conflictos, en su sentencia del 14 de diciembre de 1995, reconoció al Ejecutivo la competencia exclusiva para determinar qué documentos afectan o no a la seguridad del Estado, la Sala Tercera admitió los recursos y aceptó revisar la decisión del Consejo de Ministros.

El pasado 12 de febrero, el director del Cesid, Javier Calderón, acudió a la sede del Supremo con las 1.245 microfichas que Perote se llevó del servicio secreto en noviembre de 1991, ceuando fue expulsado, y devolvió en enero de 1992. Con un lector óptico, los 33 magistrados comprobaron que, con diferencias poco significativas, los papeles del Cesid reclamados por los tres jueces coincidían con. los que robó Perote, El problema estriba en que, antes de dejar el centro, Perote ordenó destruir los originales y en que las microfichas pudieron ser manipuladas durante los dos meses que estuvieron en su poder, por lo que nadie Puede garantizar su autenticidad.En todo caso, la decisión de la Sala Tercera permitirá, utilizar los papeles de Perote en los próximos juicios sobre los GAL, aunque las defensas intentarán, probablemente, anular las pruebas alegando su orígen ilícito.