La OTAN excluye a España de la entrega de sus documentos secretos sobre armas atómicas

Los documentos de la OTAN con el sello "atomal" no se entregan a España. La clasificación "atomal" es la máxima prevista en la escala de secretos de la OTAN. Equivale a top secret (alto secreto), pero con una particularidad: se reserva a aquellos documentos que tratan sobre el despliegue, fiabilidad, seguridad y sistemas de mando y control de las armas nucleares de la Alianza Atlántica. La exclusión de España de la distribución de estos papeles, pese a formar parte del Grupo de Planes Nucleares, se debe a que no ha ratificado un acuerdo, de carácter secreto, sobre protección de dicha documenta...

Suscríbete para seguir leyendo

Lee sin límites

Los documentos de la OTAN con el sello "atomal" no se entregan a España. La clasificación "atomal" es la máxima prevista en la escala de secretos de la OTAN. Equivale a top secret (alto secreto), pero con una particularidad: se reserva a aquellos documentos que tratan sobre el despliegue, fiabilidad, seguridad y sistemas de mando y control de las armas nucleares de la Alianza Atlántica. La exclusión de España de la distribución de estos papeles, pese a formar parte del Grupo de Planes Nucleares, se debe a que no ha ratificado un acuerdo, de carácter secreto, sobre protección de dicha documentación.

España se incorporó a finales de 1982 al Grupo de Planes Nucleares (NPG), el comité donde se debate la política nuclear de la Alianza Atlántica. Aunque las armas atómicas han perdido gran parte de su valor en la estrategia aliada, la OTAN la sigue considerando como el último recurso disuasorio ante un ataque, y como la manifestación más visible del compromiso de EE UU con la defensa de Europa.A su llegada al poder el PSOE congeló el proceso de integración en la OTAN, por lo que los representantes españoles siguieron acudiendo a las reuniones del NPG, pero en calidad de observadores. Tras el referéndum de marzo de 1986, España pasó a ser miembro de pleno derecho del NPG, en el que participan todos los países aliados salvo Francia y que se reúne a nivel de representantes permanentes o ministros de Defensa.

Sin embargo, la plena integración en el NPG tuvo entonces, y mantiene todavía, una salvedad: España está excluida de la entrega de los documentos sobre armas nucleares, clasificados como "atornal". Y ello es así porque España no ha ratificado el acuerdo sobre protección de dichos documentos, de carácter secreto.

Fuentes de la OTAN señalan que el citado acuerdo se limita a establecer los procedimientos y medidas de seguridad para proteger estos documentos y es similar a otros muchos de carácter público, pero al referirse a temas nucleares y haber sido elaborado durante la guerra fría, se le dio la clasificación de secreto.

Imposibilidad legal

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO

El problema es que la legislación española no prevé ningún procedimiento para que el Parlamento pueda ratificar un acuerdo internacional secreto. "En España no puede haber leyes ni tratados secretos", asegura un jurista experto en temas parlamentarios.

Ni siquiera la tramitación a través de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso, siempre que se constituyera formalmente y el Pleno le diese capacidad legislativa, sería suficiente, pues al final el tratado tendría que publicarse en el Boletín Oficial del Estado para tener efecto.

Ante esta dificultad, el Gobierno socialista optó por no ratificar el tratado. Para salvar la situación, se ha recurrido a una fórmula singular: un reducidísimo número de personas, alrededor de una docena, entre las que figuran el presidente y los ministros de Exteriores y Defensa así como sus más directos colaboradores, han sido habilitadas para "conocer" los documentos sobre armas nucleares.

Esta habilitación, que concede EE UU con carácter individual y caso a caso, permite examinar los documentos, pero no guardarlos, ya que España no cumple los requisitos para garantizar su protección.

Las fuentes consultadas sostienen que, en general, las autoridades españolas no han tenido problemas para conocer la documentación requerida. Pero ello se debe, en gran parte, a que España ha sido "muy poco curiosa" en estos asuntos. "Puesto que España se ha declarado no nuclear y no acepta armas atómicas en su suelo, no parecía lógico entrometerse en un tema que afectaba a terceros países", afirma un antiguo alto cargo.

En medios de la OTAN se considera, sin embargo, que la próxima integración de España en la estructura militar de la OTAN debe servir para que se resuelva definitivamente esta anomalía. Las fuentes jurídicas ya citadas creen que la nueva ley de Secretos Oficiales podría establecer un procedimiento para solventar este problema, facultando al Gobierno para suscribir determinados acuerdos clasificados, siempre que informara de su contenido a las Cortes a través de la Comisión de Secretos. Sin embargo, el proyecto de ley elaborado por el Gobierno, y paralizado tras las críticas públicas, no tenía en cuenta esta situación.

Durante la guerra fría, EE UU contaba en suelo europeo con alrededor de 1.700 armas nucleares. Tras el desmantelamiento de los misiles tácticos Lance (700) y de los, proyectiles de artillería (1.600), dicho dispositivo ha quedado reducido a unas 200 bombas de gravedad lanzables desde aviones.

Sobre la firma

Archivado En