La juez decide el martes medidas cautelares contra De la Rosa
La magistrada titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha convocado para el próximo martes a Javier de la Rosa y al abogado mercantilista Juan José Folchi para decidir posibles medidas cautelares contra ambos en relación con la querella presentada por el grupo Torras, según fuentes jurídicas.La vistilla, como se conoce en el argot judicial a este tipo de declaraciones, ha sido convocada a
petición de la fiscalía anticorrupción, que podría optar entre solicitar la prisión incondicional o la prisión eludible a cambio de depositar una fianza, según...
La magistrada titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha convocado para el próximo martes a Javier de la Rosa y al abogado mercantilista Juan José Folchi para decidir posibles medidas cautelares contra ambos en relación con la querella presentada por el grupo Torras, según fuentes jurídicas.La vistilla, como se conoce en el argot judicial a este tipo de declaraciones, ha sido convocada a
petición de la fiscalía anticorrupción, que podría optar entre solicitar la prisión incondicional o la prisión eludible a cambio de depositar una fianza, según las mismas fuentes.
La fiscalía también solicita a la juez que imponga a los querellados una fianza de responsabilidad civil de 10.500 millones de pesetas. De la Rosa está actualmente en libertad bajo fianza de 1.000 millones de pesetas, por consecuencia los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad que le imputa el juez Joaquín Aguirre por su gestión en la empresa Grand Tibidabo.
La fiscalía anticorrupción presentó en noviembre pasado en el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional un escrito en el que anunciaba la ampliación de los delitos investigados con nuevos hechos, que se suman a los incluidos en la querella inicial presentada por Torras en 1993.
En este último documento de la fiscalía anticorrupción, el ministerio público centraba su análisis en una operación relacionada con la venta de una empresa papelera, Icsa, al grupo irlandés Smurfit en 1988, y pedía que esta compraventa se desgajara de la causa principal para permitir que se resuelva antes.
Torras dejó de ser propietaria de Icsa tras venderla a una sociedad de Gibraltar, Croesus, por 4.200 millones de pesetas. Poco después, Smurfit compró Icsa a otra sociedad pantalla, en esta ocasión por 12.000 millones. La investigación pretende aclarar qué pasó con los 7.800 millones de beneficios. La mayor parte del dinero fue a parar a una cuenta en el Bank of America de Ginebra, con el nombre en clave Carnation, clavel en inglés.