China acabará con los derechos de asociación y manifestación en Hong-Kong
Los planes chinos de reinstaurar leyes coloniales que restringen los derechos de manifestación y de libre asociación han desatado la cólera de los defensores de la democracia en Hong Kong, que advierten que los derechos básicos recientemente concedidos a los residentes se encuentran ahora amenazados.En el primero de lo que muchos esperan que sea una serie de ataques contra los derechos de los ciudadanos de Hong Kong, la legislación presentada el domingo para que el Parlamento de China estampe su firma requerirá que todas las manifestaciones de protesta en Hong Kong sean autorizadas previamente...
Los planes chinos de reinstaurar leyes coloniales que restringen los derechos de manifestación y de libre asociación han desatado la cólera de los defensores de la democracia en Hong Kong, que advierten que los derechos básicos recientemente concedidos a los residentes se encuentran ahora amenazados.En el primero de lo que muchos esperan que sea una serie de ataques contra los derechos de los ciudadanos de Hong Kong, la legislación presentada el domingo para que el Parlamento de China estampe su firma requerirá que todas las manifestaciones de protesta en Hong Kong sean autorizadas previamente por la policía y que todas las organizaciones reciban el visto bueno del Gobierno.
En total, 16 de las leyes de Hong Kong, incluidas algunas ordenanzas de la Carta de Derechos, que fue adoptada en 1992, serán abolidas cuando China recupere el control del territorio en julio. La Carta de Derechos fue impulsada por el gobernador británico de la colonia, Chris Patten. Pero ha sido atacada sin descanso por Pekín como una violación de la Ley Básica, el documento de 1990 que debe gobernar el destino de Hong Kong bajo el control de China, y del acuerdo de 1984 con el Reino Unido sobre las circunstancias bajo las cuales China se haría cargo del territorio.
El gobierno colonial defendió la Carta de Derechos como el camino para reducir la intrusión gubernamental en la vida de los ciudadanos, de acuerdo con las resoluciones sobre derechos humanos de las Naciones Unidas, y como un seguro contra las acciones de Pekín después de hacerse cargo de la colonia.