El fiscal anuncia su intención de recurrir el 'caso Filesa' ante el Constitucional

La Fiscalía el Tribunal Supremo ha anunciado a posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto de la Sala Segunda que acordó sentar en el banquíllo para someter a juicio a un total de 26 militantes del PSOE y empresarios acusados en el caso Filesa. Según fuentes de la Sala, la fiscalía no está de acuerdo con los criterios sobre la prescripción de algunos de los delitos.

Según las fuentes consultadas por este periódico, hace una semana el fiscal jefe ante la Sala de lo Criminal, Emilio Vez Pazos, y los fiscales del Supremo José María Luzón y A...

La Fiscalía el Tribunal Supremo ha anunciado a posibilidad de presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra el auto de la Sala Segunda que acordó sentar en el banquíllo para someter a juicio a un total de 26 militantes del PSOE y empresarios acusados en el caso Filesa. Según fuentes de la Sala, la fiscalía no está de acuerdo con los criterios sobre la prescripción de algunos de los delitos.

Según las fuentes consultadas por este periódico, hace una semana el fiscal jefe ante la Sala de lo Criminal, Emilio Vez Pazos, y los fiscales del Supremo José María Luzón y Antonio Salinas, éste último encargado del caso Filesa, expusieron al presidente de la Sala Segunda, José Augusto de Vega, su disconformidad con algunos de los criterios aplicados en el auto del pasado 20 de diciembre sobre la prescripción de algunos de los delitos, en concreto el de falsedad en documento mercántil.Las mismas fuentes añaden que los fiscales del Supremo explicaron que la doctrina contenida en el auto de la Sala habría incurrido en incoherencia al mantener dicho delito para Faustino Molledo Martín, marido de Aida Álvarez, gestora del Grupo 2020, en tanto que el mismo no se contempla para Iñigo Larrazábal Uribasterra, consejero-delgado de El Viso Publicidad y José Ramón Lorenzo Elvira, director de Hauser y Menet, en contra de lo pedido por el fiscal.

El problema derivaría de la diferencia de criterio entre la Fiscalía y la Sala sobre el momento en que se interrumpe la prescripción del delito de falsedad en documento mercantil, según que las pruebas del mismo hubiesen sido obtenidas por el magistrado instructor en un registro practicado en el domicilio o en la empresa del acusado. Para la Fiscalía, el registro practicado en la empresa no interrumpiría la prescripción, criterio distinto al asumido por la Sala.

La posibilidad de recurrir en amparo fue indicada por los fiscales al presidente de la Sala Segunda, aunque matizaron que la decisión correspondería en último término a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. El plazo para recurrir al Constitucional venció anoche. Este periódico intentó en la tarde de ayer recabar información sobre la decisión pero ni en la Fiscalía ante el Constitucional ni en la oficina del Fiscal del Estado, Juan Ortiz úrculo, había nadie que pudiera informar.

Las citadas fuentes indicaron que las divergencias entre la Fiscalía y el tribunal no afectaban a la situación de los banqueros Alfonso Escámez y José Antonio Sáenz de Azcúnaga, a quienes el fiscal imputaba un delito continuado de falsedad en documento mercantil, ni con haber apreciado la prescricpción de los delitos electorales apreciados por el fiscal.

Galeote, notificado

Por otra parte, el ex secretario de Administración y Finanzas del PSOE, Guillermo Galeote, se desplazó ayer al Tribunal Supremo con el fin de que le fuese notificado el auto en el que se acordó abrir juicio contra él, según la agencia Servimedia. Galeote acudió ayer al Supremo ante la imposibilidad de hacerlo hoy, por motivos familiares.Hoy están citados los otros 25 acusados para serles notificado el auto, en el que también les exige comparecer semanalmente ante el alto tribunal y depositar una fianza de 10 millones de pesetas cada uno en concepto de, responsabilidad civil. Fuentes jurídicas indicaron que el PSOE avalará la fianza de Galeote al igual que ha hecho con los 300 millones que impuso el magistrado instructor, Enrique Bacigalupo, al ex diputado Carlos Navarro y al senador del PSC-PSOE Josep Maria Sala.