Los jueces admiten la objeción de conciencia para no ser jurado
La Audiencia de Castellón ha aceptado la objeción de conciencia para eximir a una mujer que había sido preseleccionada como miembro del primer jurado de la provincia, que el próximo lunes deberá decidir sobre un caso de homicidio. Luisa Sánchez Romero, de 43 años, alegó que su "dignidad" le impedía juzgar a otra persona, lo que fue interpretado por el presidente del jurado y de la Audiencia, Fernando Tintoré, como un supuesto de objeción de conciencia, no previsto expresamente por la legislación.La Audiencia considera admisible esta excusa, en virtud de la ley orgánica 5/95, de 22 de mayo, que...
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La Audiencia de Castellón ha aceptado la objeción de conciencia para eximir a una mujer que había sido preseleccionada como miembro del primer jurado de la provincia, que el próximo lunes deberá decidir sobre un caso de homicidio. Luisa Sánchez Romero, de 43 años, alegó que su "dignidad" le impedía juzgar a otra persona, lo que fue interpretado por el presidente del jurado y de la Audiencia, Fernando Tintoré, como un supuesto de objeción de conciencia, no previsto expresamente por la legislación.La Audiencia considera admisible esta excusa, en virtud de la ley orgánica 5/95, de 22 de mayo, que posibilita la liberación de esta obligación sin indicar causas específicas. Las excusas especificadas en la ley para poder liberarse de la obligación de ser jurado son ser mayor de 65 años, haber sido jurado en los últimos cuatro años, alegar cuestiones familiares, desempeñar un trabajo relevante de interés general, residir en el extranjero y ser militar profesional en activo. También se podrán librar los que "aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeño de la función de jurado". Y, según el presidente de la Audiencia, "no se puede forzar" a nadie a desarrollar lo que es "un derecho que prevé amplios cauces de participación".
Luisa Sánchez ha rechazado su participación en el juicio contra José T. M., de 42 años, acusado de homicidio, que se enfrenta a una petición fiscal de 13 años de cárcel por apuñalar presuntamente a Miguel G. S., de 32 años, tras una disputa. La acusación reclama para el acusado 17 años y cuatro meses de prisión y 30 millones de indemnización. La defensa, que alega "defensa propia", pide la absolución.
Los hechos sucedieron en Vila-Real en la madrugada del pasado 5 de febrero. El fallecido iba armado con un palo de artes marciales, con el que amenazó al detenido, quien esgrimió una navaja y le propinó una puñalada en el pecho. Un grupo de jóvenes que se hallaba próximo al lugar del suceso impidió que el agresor huyera y posibilitó que el autor fuera detenido.