España recurrirá al Tribunal de la UE si Bruselas congela los fondos de cohesión
España quemó ayer su penúltimo cartucho para evitar que la Comisión Europea le congele un mes la disposición de 30.000 millones del fondo de cohesión. Representantes de Economía trataban de convencer anoche al equipo del comisario de Asuntos Monetarios, Yves-Thibault de Silguy, para evitar esa medida e insinuaron con, recurrir al Tribunal de la UE si se le sanciona. La posible sanción cautelar -recuperable, por tratarse sólo de una suspensión en el otorgamiento de los recursos- se debe a la afloración del agujero de 721.170 millones del Presupuesto de 1995. El ministro de Economía, Rodrigo Rat...
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España quemó ayer su penúltimo cartucho para evitar que la Comisión Europea le congele un mes la disposición de 30.000 millones del fondo de cohesión. Representantes de Economía trataban de convencer anoche al equipo del comisario de Asuntos Monetarios, Yves-Thibault de Silguy, para evitar esa medida e insinuaron con, recurrir al Tribunal de la UE si se le sanciona. La posible sanción cautelar -recuperable, por tratarse sólo de una suspensión en el otorgamiento de los recursos- se debe a la afloración del agujero de 721.170 millones del Presupuesto de 1995. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró en Madrid que Bruselas permitirá que ese agujero se lleve al déficit de 1995.
El agujero aumentaría el déficit del año pasado desde el 5,8% sobre el PIB (producto interior bruto) al 6,6%. Con ello se incumplirían los compromisos del programa de convergencia español. Como el fondo de cohesión puede ser retirado o congelado en caso de déficit excesivo, la Comisión ha afilado el lápiz.Bruselas estaba dispuesta a tratar con cierta benevolencia el asunto, pero partiendo de la premisa de que al menos una congelación temporal de la parte no dispuesta del fondo (cerca de 30.000 de los 213.000 millones que tiene asignados este año) sería inevitable. Había atendido los argumentos de Economía según los cuales España cerraría 1996 con un déficit del 4,4%.
Pero el Gobierno ha cerrado filas y sostiene que ni siquiera debe asumir una sanción leve de suspensión temporal o congelación, por sus efectos psicológicos ante los mercados; porque eso cuestionaría la operación de haber levantado un déficit quizá discutible, y por el problema de presentar ante la opinión interna, al mismo tiempo, el rigor para alcanzar los objetivos de Maastricht, y el revés de perder parcialmente uno de sus efectos benéficos. Para evitar ese problema, España manejaba ayer un argumento: si la Comisión le impone la sanción lo hará "ateniéndose a las consecuencias". Era la insinuación de un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo contra el Ejecutivo comunitario.
La base del recurso sería que el programa de convergencia debe ser evaluado a su término y no por sus objetivos intermedios, fijados para cada año. Algo de lo que la Comisión discrepa, defendiendo que la evaluación debe hacerse año a año, porque de lo contrario es relativamente inútil la vigilancia anual sobre las cuentas de cada Estado miembro. Los otros Estados del grupo de la cohesión presionan contra España -sobre todo Grecia y Portugal y algo menos Irlanda, pues ostenta la presidencia semestral-, al considerar que no debe haber tratos de privilegio.
Rato aseguró en el Congreso que Bruselas le ha dado la razón sobre cómo contabilizar el desfase presupuestario. Durante su comparecencia en la comisión. mixta Congreso-Senado para las relaciones con la UE, Rato explicó que ha recibido el visto bueno para que ese agujero se contabilice en el déficit de 1995 y no en el de 1996, como opinaba el Partido Socialista Obrero Español. Rato dijo estar tranquilo al respecto "porque la valoración se hace sobre el cumplimiento global del programa de convergencia y no en relación a lo ocurrido en un solo ejercicio".
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